Los fiscales federales en Boston acusaron a los dominicanos Edwin Acevedo y Héctor García residentes en Massachusetts y New Hampshire por un fraude de más de $452 mil dólares a través de préstamos a la Administración de Pequeños Negocios (USBA, siglas en inglés) para supuestamente cubrir emergencias pero usaron el dinero en compras de iPhones y desviaron una parte a sus cuentas en la República Dominicana.
Un comunicado de la oficina del fiscal federal interino del distrito de Boston, Nathaniel R. Mendell alega que Acevedo y García fueron arrestados el jueves 19 de agosto 2021 y procesados en el tribunal por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y robo agravado de identidad.
Acevedo de 45 años espera una audiencia de detención después de su primera comparecencia y García será presentado ante un juez federal en Boston el 3 de septiembre 2021.
Los acusados conspiraron con otros para usar la información de identidad robada de ciudadanos de los Estados Unidos y solicitar préstamos por desastres y lesiones económicas a la SBA, dijeron los fiscales.
García utilizó información de identidad robada de un ciudadano de los Estados Unidos para abrir una cuenta bancaria fraudulenta, que luego vinculó a otras cuentas bancarias también fraudulentas creadas para recibir los fondos de la SBA. Acevedo coordinó la recepción del dinero de algunos de los cómplices en algunas de las tarjetas de débito asociadas con cuentas bancarias fraudulentas en las que se depositaron fondos de la SBA, y ayudó a lavar esos fondos mediante el uso de las tarjetas de débito para comprar iPhones para revenderlos.
La fiscalía añade que García y otros cómplices transfifieron una parte de los fondos a la República Dominicana.
Las autoridades dicen que más de $452.000 dólares de los fondos de la SBA se obtuvieron fraudulentamente como parte del plan.
Invirtieron unos $250,000 de ese dinero para comprar los iPhones en Massachusetts y New Hampshire.
De ser hallados culpables Acevedo y García enfrentan sentencias máximas de hasta 10 a 20 años en la cárcel, multas equivalentes al dinero robado al Gobierno o el doble de la cantidad, además de años en libertad condicional.
La fiscalía recuerda que los cargos contra los dominicanos son meras acusaciones y que se presume su inocencia hasta que se les demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable.
Por Miguel Cruz Tejada
