Decenas de movimientos cívicos exigieron ayer ante la Junta Central Electoral (JCE) garantías y condiciones para que el próximo 5 de julio se realicen elecciones congresuales y presidenciales de manera organizada en República Dominicana.
En el documento leído por Pedro Pablo Pelletier, vocero del movimiento Coalición Democrática, demandan al Pleno de la Junta la extensión del horario de votación hasta las 7:00 de la noche, crear una franja de horario para las personas mayores de 65 años, ya que son los más vulnerables al COVID-19, desinfección de los centros de votación, dotar de mascarillas a todos los votantes en caso de no tenerlas y que todo el personal de la Junta que vaya a trabajar en los comicios esté debidamente protegido.
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Solicitaron al órgano electoral eliminar el tintado de los dedos, permitir que los electores lleven sus propios marcadores de las boletas electorales, prohibir la concentración de políticos y vendedores ambulantes próximos a los centros de votación.
“Tampoco logramos entender por qué la JCE, como garantía electoral de elecciones libres, equitativas, transparentes y objetivas ha guardado silencio ante el atropello antidemocrático de mantener secuestros derechos políticos elementales como el de la reunión, manifestación y aún a 10 días de concluir la campaña electoral para las elecciones presidenciales y congresuales”, expresa el comunicado contra la Junta.
Estas acciones, según los manifestantes, “no tiene precedente en la historia de la democracia contemporánea”.
Además, exigieron a la Junta la puesta en marcha de una campaña masiva para motivar a las personas y evitar la compra de cédulas.
Además, pidieron al Gobierno dejar de infundir el supuesto terror con las estadísticas de la COVID-19 para que la población no vaya a votar y calificaron de “dictador” al presidente Danilo Medina e indicaron que en estos próximos comicios “se van”.
A la protesta asistieron los periodistas Juan Bolívar Díaz y Altagracia Salazar.
El tránsito es fluido por las avenidas 27 de Febrero y Luperón, y decenas de policías, militares y agentes de tránsito están apostados en la Junta.
