San Pedro de Macorís: Imponen prisión preventiva a coordinadora suspendida por irregularidades en casos de violencia de género
San Pedro de Macorís, RD (EFE) – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís dictó tres meses de prisión preventiva a Margarita Hernández Morales, la suspendida coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en esta ciudad. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante procesos judiciales relacionados con casos de violencia doméstica.
Investigación y antecedentes del caso
Hernández Morales fue detenida tras investigaciones que la vinculan con irregularidades en el proceso judicial contra Yasmil Óscar Fernández. Este imputado, tras obtener su libertad gracias a un acuerdo judicial, asesinó a su expareja Anibel González y posteriormente se suicidó en San Pedro de Macorís en agosto pasado.
El Ministerio Público presentó cerca de 30 evidencias documentales y testimoniales de siete testigos que demuestran la implicación de Hernández Morales en delitos como asociación de malhechores, soborno, prevaricación, falsificación y uso de documentos falsos. Estas pruebas fueron clave para que se dictara la prisión preventiva.
Medida de coerción y lugar de cumplimiento
La exfuncionaria judicial cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, ubicado en San Cristóbal. La Fiscalía de San Pedro de Macorís, encabezada por la fiscal Idalia Jiménez y representada en la audiencia por la fiscal Olga Lidia Coss, presentó la solicitud y logró su aprobación tras demostrar la relación de la imputada con delitos penales contemplados en los artículos 265, 266, 126, 127, 147, 148, 177 y 178 del Código Penal Dominicano.
Casos vinculados: violencia de género y corrupción judicial
El Ministerio Público también investiga el proceso judicial del caso de Juana Domínguez Salas, asesinada el 4 de noviembre en San Pedro de Macorís. Su victimario, Johan Manuel Ramírez, quien se encuentra en prisión preventiva por el crimen, habría sido beneficiado con un acuerdo similar al de Fernández, homologado por un juez.
En el caso de Anibel González, la Fiscalía señala que Hernández Morales se habría asociado con el abogado Alexis Chanel Aponte Montás para falsificar el acuerdo judicial y presentarlo como válido ante el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís. Esta acción no solo implica delitos penales, sino también violaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Sobornos y acuerdos fraudulentos
Respecto a Juana Domínguez Salas, las investigaciones indican que Ramírez entregó 150,000 pesos a Margarita Hernández Morales para obtener un acuerdo penal abreviado. Este acuerdo, que le permitió salir en libertad, fue firmado por Hernández Morales y el abogado Ramón Leonardo Sánchez Reyes, del mismo despacho de Aponte Montás.
El Ministerio Público continúa profundizando en estas investigaciones para esclarecer la red de corrupción y garantizar justicia en casos de violencia de género en San Pedro de Macorís.
