Bartolo García
Santo Domingo. – El encargado de Análisis e Investigaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Daniel Alburquerque Cedeño, explicó este lunes los principales cambios que trae consigo la nueva Ley 47-25 sobre compras y contrataciones públicas.
Durante una entrevista en el programa “Qué tenemos radio”, el funcionario aseguró que la nueva legislación representa un paso decisivo hacia la modernización del sistema, al lograr que los procesos sean más cortos, efectivos y menos burocráticos.
“La experiencia acumulada en estos 17 años nos permitió identificar oportunidades de mejora. La Ley 47-25 trae procesos más cortos, efectivos y menos burocráticos, al mismo tiempo que fortalece las sanciones y sigue impulsando el desarrollo de las MIPYMES y las empresas locales en todo el país”, indicó Alburquerque Cedeño.
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la incorporación de un régimen sancionador más riguroso, que abarcará tanto a funcionarios públicos que incumplan con la ley como a proveedores que incurran en prácticas irregulares.
Este endurecimiento de las sanciones busca garantizar un mayor cumplimiento de las normativas, elevando el nivel de responsabilidad y reduciendo las oportunidades de corrupción en los procesos de contratación.
Alburquerque Cedeño destacó también que la nueva legislación está diseñada para fortalecer la transparencia en las compras estatales, fomentando la confianza ciudadana en la administración pública.
En ese sentido, explicó que la normativa abre mayores oportunidades de participación a pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como a proveedores de distintas regiones del país, especialmente de los municipios más apartados.
“Esto significa que los emprendedores y proveedores locales tendrán más posibilidades de competir y acceder a contratos públicos, dinamizando la economía desde las comunidades”, apuntó el funcionario.
El especialista señaló que la nueva etapa normativa constituye una herramienta clave para optimizar la gestión de los recursos públicos y fortalecer la institucionalidad del Estado.
Al mismo tiempo, aseguró que esta transformación permitirá abrir nuevas oportunidades de negocios para emprendedores, empresas de servicios y oferentes de productos a nivel nacional.
La DGCP ha desarrollado una serie de programas de capacitación y orientación para que tanto los servidores públicos como los proveedores conozcan las implicaciones prácticas de la ley y puedan adaptarse a sus nuevas exigencias.
Finalmente, Alburquerque Cedeño subrayó que la implementación de la Ley 47-25 debe entenderse como un avance histórico en el fortalecimiento de la administración pública dominicana, al priorizar la eficiencia y la transparencia en beneficio de toda la sociedad.
Con esta normativa, la República Dominicana se suma a los países de la región que han modernizado sus marcos regulatorios en compras y contrataciones, elevando los estándares de integridad y competitividad.
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