En cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, apoderó este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de tres expedientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) con suficientes indicios para ser investigados.
Según la documentación entregada al titular del PEPCA, procurador adjunto Wilson Camacho, desde el año 2019 ha sido identificada una recurrencia sospechosa en los procesos de compras y contrataciones del Plan de Asistencia Social de la Presidencia que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.
El órgano rector explicó que estas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios, teniendo como única explicación vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado.
En cuanto a los dos expedientes del INAIPI, uno de ellos refiere que en el año 2016 esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos RD$ 208.05 millones.
Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
El segundo de los expedientes, tiene que ver con irregularidades detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
La DGCP asegura que el INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los sesenta millones de pesos (RD$60,000,000.00) con el argumento de que había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requerimientos del pliego de condiciones.
Tras la visita, Carlos Pimentel reiteró que la institución está comprometida con la transparencia y continuará identificando irregularidades para presentarlas ante la justicia.
