Bartolo García
Santiago, R.D.– Las autoridades arrestaron este sábado a cuatro ejecutivas del Instituto Leonardo Da Vinci en relación con la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció ahogada durante una excursión escolar el pasado 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo. El Ministerio Público calificó el hecho como homicidio involuntario, tras identificar graves fallas en la supervisión y organización del paseo.
La procuraduría informó que la muerte de la menor se produjo en condiciones que evidencian negligencia extrema, tanto por parte del personal que tenía a su cargo la custodia de los estudiantes como por quienes aprobaron la logística y seguridad del viaje escolar.
De acuerdo con el Ministerio Público, el colegio trasladó a 87 estudiantes con solo tres cuidadoras, una proporción considerada insuficiente para garantizar la seguridad en un entorno que incluía piscinas profundas y áreas de riesgo. Las autoridades aseguraron que no se tomaron medidas mínimas de prevención antes del viaje.
Como parte de los avances en la investigación, fueron arrestadas:
• Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa.
• Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo.
• Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora.
• Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
La investigación preliminar señala que el grupo organizador no llevó salvavidas, chalecos o flotadores, tampoco verificó si los estudiantes sabían nadar ni estableció reglas de seguridad en las zonas acuáticas. Estas omisiones, según el expediente, fueron determinantes en la tragedia.
El Ministerio Público indicó además que cuenta con material audiovisual que evidencia fallas graves en la supervisión directa de la menor. En los videos, afirman, se observa “negligencia extrema” por parte del personal responsable de vigilar a los estudiantes durante el paseo.
El órgano acusador sostiene que la responsabilidad recae no solo en las cuidadoras presentes, sino también en quienes autorizaron las condiciones del viaje sin garantizar los protocolos de seguridad requeridos para menores de edad.
La procuraduría resalta que este tipo de actividades requiere medidas estrictas de supervisión, especialmente en lugares con cuerpos de agua. Asegura que ninguna de esas previsiones fue tomada por los ejecutivos del centro educativo.
Por instrucciones de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, el caso está bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho y de la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, desde las áreas de Persecución y de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
Las autoridades han reiterado que este proceso se llevará con rigurosidad para establecer las responsabilidades penales correspondientes y garantizar justicia para la familia de la menor fallecida.
La investigación continúa abierta mientras se profundiza en testimonios, registros y documentos relacionados con la logística del paseo escolar y el rol de cada uno de los ejecutivos y docentes involucrados.
La comunidad educativa y la sociedad en general han expresado consternación por el caso, solicitando que se fortalezcan los protocolos de seguridad escolar para evitar tragedias similares en el futuro.
Por su parte, la familia de Stephora Anne-Mircie espera que el proceso avance con transparencia y firmeza, para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y determinar responsabilidades.
El Ministerio Público presentará en los próximos días las medidas de coerción contra las imputadas, mientras continúa recabando evidencias que complementen el expediente acusatorio.
