A través de su abogado Miguel Surun Hernández, Josué Cabral Rodríguez formaliza querella contra el empresario turístico
En enero de 2006 también fue sometido por Abel Rodríguez del Orbe por evasión y falsedad de documentos.
El presidente del Grupo Puntacana y de la Corporación Aeroportuaria del Este, Frank Rainieri Marranzini, fue sometido nueva vez a la justicia, pero esta vez pesan sobre él tres delitos: fraude inmobiliario, estafa, lavado de activos y asociación de malhechores, según consta en el expediente acusatorio presentado por el presidente del Colegio Dominicano de Abogados (CDA), Miguel Surun Hernández, quien representa al empresario Josué Cabral Rodríguez.
De acuerdo con declaraciones a la prensa de Surun Hernández, los supuestos atropellos se cometieron en contra de Cabral Rodríguez en operaciones presuntamente fraudulentas en las que el señalado exige entregar unas parcelas en Higüey que actualmente están siendo utilizadas por el Aeropuerto de Punta Cana.
Explicó que el Grupo PuntaCana y la Corporación Aeroportuaria del Este al parecer no han entregado las más de 270 tareas que componen la parcela “a pesar de que Josué Cabral ha entregado todos y cada uno de los certificados de títulos en el contrato firmado en el 2006”.
Pese a que Cabral entregó todas las certificaciones que refirió Surun, como se detalló, el Grupo PuntaCana no ha hecho su respectiva entrega de títulos porque alegadamente “estos no existen en favor de ellos”, lo que constituye, según el abogado Surun “estafa, lavado de activos y asociación de malhechores”.
“Por eso hacemos este sometimiento para que investiguen y sometan a estas personas porque Rainieri ni nadie se encuentra por encima de la ley”, sentenció Surun.
Surun dijo a los periodistas frente a la sede del Ministerio Público, los hechos precedentemente descritos constituyen el delito de estafa, en perjuicio de Cabral por parte del Grupo PuntaCana, S. A., Corporación Aeroportuaria del Este S.A.S y Frank Rainieri Marranzini, tipificados en los artículos 405 y 406 del Código Penal, numeral 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Financiación del Terrorismo, y violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sanciona el tipo penal de asociación de malhechores.
Según el jurista, estos últimos se hicieron entregar un inmueble sobre la base de la propiedad del que entregaron en contraprestación y agregó que “dicha operación generó cuantiosos recursos obtenidos de una actividad ilícita”.
OTRO SOMETIMIENTO
En enero de 2006, Abel Rodríguez del Orbe, exprocurador general de la República, presentó una querella contra Frank Rainieri, presidente del Grupo Puntacana, por supuesta falsedad de documentos y evasión de impuestos.
Según la prensa de la época, Rodríguez del Orbe explica que el 13 de septiembre del 2000, el Grupo Punta Cana S.A vendió a la empresa Urbanizaciones Girasol una porción de 256 mil metros cuadrados por RD$9 millones de pesos y el contrato elaborado fue por RD$250,000. Agrega que el cambio del monto es un delito de evasión de impuestos y falsedad de escritura de comercio, previstos y sancionados por los artículos 232 y 233 del Código Tributario y el 147 del Código Penal.
La querella de aquel entonces abarcaba más, pues solicitaba la inspección de todas las operaciones comerciales realizadas por el Grupo Punta Cana, referente a la venta a terceros de sus derechos en la parcela que vendió a la empresa Urbanización Girasol.
El acusador pidió requerir al Grupo Punta Cana y a sus funcionarios las informaciones y declaraciones juradas relacionadas con sus actividades y la exhibición de las documentaciones relativas a sus operaciones, de acuerdo con lo previsto en el acápite i) del artículo 44 del Código Tributario.
