Abogados de la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre acusan al Ministerio Público de buscar condenarlo mediante dádivas procesales con la consecución de testimonios de coimputados a cambio de negociaciones a condición de que involucren a su defendido aunque estos sean reales o no.
Afirmaron que las ofertas de escape al proceso penal a cambio de dádivas procesales o perdones, puede ser un atractivo para salir a cualquier costo, incluso mentir, pero que esa ruta y ese proceder no satisface el principio de objetividad ni la búsqueda de la verdad.
Destacan que el Ministerio Público ha llegado al punto de hacer participar al coimputado Raúl Alejandro Girón Jiménez en los interrogatorios de otros investigados y todas esas prácticas son ilegales y prohibidas expresamente por la norma procesal vigente.
Las declaraciones de los abogados de la defensa del mayor general Adán Cáceres están contenidas en una carta solicitud dirigida a la cabeza del Ministerio Publico, donde reiteran que lo que más desean es que las investigaciones se realicen siguiendo el respeto al proceso de ley.
En ese sentido “solicitamos a la Procuraduría General de la República investigar las prácticas aquí denunciadas y adoptar los correctivos de lugar para que se haga una verdadera administración de justicia”
Los abogados de la defensa de piden iniciar una investigación en torno a las negociaciones y ofertas realizadas por los investigadores a cargo del llamado caso Coral con imputados y personas investigadas.
Solicitan que se mantenga Adán Cáceres Silvestre, a través de sus representantes legales y defensa técnica, informado, del avance y resultado de las diligencias propuestas y que tenga a bien ejecutar el Ministerio Público en un plazo razonable.
Requieren que se deje constancia de que el exponente hace reservas de proponer otras diligencias investigativas una vez se reciban los resultados de las diligencias solicitadas mediante esta instancia.
Expresan que su defendido Adán Cáceres sostiene que acude a este alto órgano en vista de que el proceso preparatorio coloca a cargo del Ministerio Público la obligación de extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.
