Santo Domingo, RD, (EFE).- El expresidente Danilo Medina aseguró este domingo que las acciones judiciales en contra de exministros de su Gobierno solo tienen como meta «acompañar el deseo reeleccionista de un presidente que quiere ganar en la corte lo que no puede ganar en las urnas».
El exmandatario manifestó que el Gobierno, el PRM y su «Ministerio (Público) independiente» están forjando el camino hacia la pobreza, más inseguridad, más desigualdad y más abusos de poder.
Medina reiteró que esas acciones son un atropello, un abuso, «no motivadas por el deseo de justicia», sino que solo buscan intimidar al partido con más posibilidades de vencer en las elecciones de 2024.
Así lo aseguró Medina al pronunciar un discurso al concluir la reunión del comité central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que preside, según precisó un documento de prensa enviado por la organización opositora.
Declaró que lo que al principio se intentó disfrazar como «justicia independiente» se ha desvelado como el brazo acusador al servicio de la reelección, pero que ya existe una «gran mayoría» de la sociedad que se está dando cuenta «de que están intentando sustituir la elección democrática de candidatos» por la designación arbitraria de culpables.
CC del PLD se solidariza con Danilo Medina.
— PLD (@PLDenlinea) March 26, 2023
El #ComitéCentral escogerá con el método de encuestas candidatas y candidatos al Senado, Cámara de Diputados, Alcaldes (as) y Directores. https://t.co/PLCjJgozmZ pic.twitter.com/NP8KB6ARvD
Aseguró que «algunos miembros» del Ministerio Público han desconocido su deber de investigación imparcial y se han entregado «sin disimulo a la persecución política, abierta y arbitraria» contra el Partido de la Liberación Dominicana, el cual preside.
Señaló que el objetivo del gobierno del PRM es sustituir las urnas por los tribunales y la voluntad popular por la voluntad de un expediente, «tal como ocurrió con Lula en Brasil; con Evo Morales en Bolivia y con Correa en Ecuador».
Consideró que cuando la Justicia deja de ser igual para todos, ya no hay justicia para nadie,lo que es «inaceptable», porque ese camino «por el que quieren llevar a la República Dominicana la conducirá a destinos muy peligrosos».
«Sucede así que décadas de crecimiento democrático, social y económico de las grandes mayorías, se pierden muy rápidamente por los intereses y las ambiciones desmedidas de unos pocos», precisó.
El expresidente dominicano consideró que la República Dominicana podría estar llegando a un punto sin retorno, pero que el pueblo está a tiempo de enderezar la situación y volver a la cordura y no seguir esa hoja de ruta hacia el caos y la pérdida de libertades.
«Estamos a tiempo de unirnos como sociedad para exigir que el sistema judicial actúe de manera verdaderamente independiente y justa, para exigir que se respeten principios básicos de nuestro sistema de justicia, como la presunción de inocencia. Porque las garantías procesales de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin excepción, están por encima de la política», expresó.
Este domingo se reenvió para el miércoles próximo la audiencia que conoce la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a los acusados de cometer supuesta corrupción que, de acuerdo al Ministerio Público, defraudaron al Estado con más de 19,000 millones de pesos.
Entre los acusados y apresados figuran el exministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, así como los también exministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y Donald Guerrero, de Hacienda.
También están acusados el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward, entre otros.
Los cargos preliminares son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
La trama afectaría a un abanico de instituciones, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras.b
