La información la ofreció el abogado Oliver Batia, quien encabeza el Centro Jurídico Batia Ramos
Las cuentas del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste fueron congeladas recientemente mediante certificación del Banco de Reservas de la Republica Dominicana, actuando en función de un embargo retentivo hecho por el Centro Jurídico Batia Ramos a ese cabildo.
La causa del congelamiento de las cuentas se produjo porque cancelaron de manera irregular a la señora Adalgisa Mancebo y esta demandó al Ayuntamiento de SDO por RD$5 millones y salió gananciosa con 1.3 millones de pesos, pero no le han pagado según informó el abogado Oliver Batia.
“Adalgisa Castillo Mancebo fue cancelada del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste en el mes de abril 2020, pero dicha cancelación le fue notificada en diciembre del año pasado. La actual encargada de Recursos Humanos de la institución María Bonifacio Rondón, alegó mediante comunicación de respuesta al TSA, que el despido de Mancebo se produjo por abandono de trabajo, a pesar de la señora haber presentado licencia por enfermedad el 14 de abril 2020 y posteriormente otra licencia el primero de julio del mismo año”, dijo Batia.
“Inicialmente hicimos un recurso de Habea Data porque el ayuntamiento no quería dar la certificación de desvinculación, luego que la entregaron sometimos una demanda en cobros de beneficios laborales, posteriormente notificamos la sentencia y nuestra clienta fue favorecida con 1 millón 360 mil pesos y en ese sentido le embargamos las cuentas de manera retentiva para que cumplan el pago”, explicó Batia.
El congelamiento de las cuentas se hizo efectivo a partir del 28 de enero 2022 ya que el Ayuntamiento no ha realizado el pago en el plazo correspondiente. El banco de Reservas detalló en su certificación que la cuenta fue inmovilizada en base al acto 102/2022, depositado por el ministerial Raudy D. Cruz Núñez, basado en el artículo 539 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Al momento de la intervención a la cuenta, esta posee fondos por RD$1,110,116.52.
El jurista dijo que desde su cancelación la empleada, además de ser notificada casi ocho meses después, fue dejada sin protección de seguro médico en varias ocasiones por pagos tardíos del Ayuntamiento a la TSS, no se le pagó su salario durante los últimos 8 meses del 2020 y no se le ha entregado el dinero de sus prestaciones, indemnización y otros derechos adquiridos.
Este mismo Ayuntamiento tuvo que pagar más de 8 millones de pesos a un total de 113 empleados en diciembre 2021, como transacción por violar normas laborales y pago de prestaciones.
