Varias familias del distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega, solicitaron este lunes a las autoridades locales la suspensión inmediata de los intentos de construir una vía de acceso en terrenos privados ubicados en las proximidades de la presa de Tavera.
Los propietarios denunciaron que la iniciativa se impulsa sin estudios de impacto ambiental y sin el consentimiento de los dueños de las parcelas afectadas, lo que, aseguran, representa una violación directa al derecho de propiedad y a las normas legales vigentes.
Según explicaron, el director distrital de Tavera, Marino Abreu, se había comprometido previamente a mantener una postura neutral hasta que concluyera un proceso de saneamiento de tierras actualmente en curso ante el Tribunal de Jurisdicción Originaria de Tierras de La Vega.
En una nota de prensa, las familias sostienen que el proyecto carece de justificación comunitaria, ya que en la misma zona existen al menos dos caminos vecinales alternativos que satisfacen adecuadamente las necesidades de tránsito de los residentes.
Además, advierten que no se han agotado los procedimientos legales correspondientes ni se ha planteado un mecanismo de compensación justa para los propietarios que resultarían afectados por la apertura del trazado vial.
Entre las familias directamente impactadas figura la Batista Núñez, cuya parcela se encuentra en pleno proceso de saneamiento ante el Tribunal de Tierra de La Vega, lo que, a su juicio, agrava la situación y pone en riesgo la seguridad jurídica del proceso.
Los propietarios informaron que han depositado notificaciones formales ante la Junta Distrital de Tavera, solicitando que se abstenga de ejecutar la obra, realizar movimientos de tierra o labores de limpieza en el área en conflicto hasta que exista una decisión judicial definitiva.
De acuerdo con la familia Batista Núñez, el trazado propuesto dividiría su finca en dos, afectando su uso productivo y sin responder a una necesidad real de la comunidad.
“Esto no es una vía para la comunidad; es un atajo para favorecer a determinados dirigentes políticos y allegados”, expresaron los denunciantes en su declaración pública.
En la denuncia se menciona la supuesta intervención de Claudio Genao, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Tavera; Domingo Antonio Genao; y el prestamista Víctor Manuel Genao, a quienes señalan como vinculados al proceso que enfrenta la familia.
Los propietarios relataron que el 14 de octubre de 2025 una persona relacionada con estos intervinientes ingresó sin autorización a la propiedad para trazar de manera irregular lo que describen como un camino ilegal.
A la preocupación por la vulneración de la propiedad privada se suma el temor a daños ambientales, ya que la intervención afectaría zonas con vegetación cercanas a la presa de Tavera, considerada estratégica para el suministro de agua.
En ese mismo sentido, las familias Aquino-Corona, también residentes del área, advirtieron que una ampliación o rectificación de caminos podría implicar el despojo parcial de sus parcelas sin la debida indemnización.
Para la familia Batista Núñez, la audiencia pautada para el 20 de febrero de 2026 en el Tribunal de Tierra será clave para la defensa del debido proceso y el Estado de derecho.
Mientras se espera el fallo judicial, los comunitarios reiteraron su llamado a las autoridades municipales y distritales para que actúen con integridad, prudencia y respeto a las garantías legales, evitando cualquier acción que pueda agravar el conflicto.
