El viceministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, reveló que en las últimas dos semanas el Estado ha evitado el alza en los combustibles al congelar los precios, ya que si no hace lo propio tendrían alzas de hasta RD$17 cada uno.
En el caso del deasel o gasoil, el aumento sería de entre 11 y 12 pesos, pero no se ejecutaron porque el Gobierno decidió asumir las alzas en el barril del crudo internacional y el aumento en las monedas de cambio.
Entrevistado en el programa Esfera Global que conduce la analista y consultora política Marjorie Félix, todos los domingos de 10:00-11:00 de la mañana, por CDN canal 37, el funcionario dijo que mantener congelados los precios de los hidrocarburos representa un costo de 300 millones de pesos en subsidios al Estado.
El viceministro explicó que existe un mecanismo en el decreto 625-11, que se utiliza para poder maniobrar los aumentos intersemanales que se dan, sin embargo, para activarlo, el alza debe sobrepasar el 1 % del costo total.
También agregó que con esa medida de congelar los combustibles el Gobierno se endeuda con los importadores, por lo que, cuando baja el crudo, en vez de aplicar esa rebaja a los consumidores, se repone de las pérdidas anteriores o guarda ese fondo para eventualidades.
El incumbente también manifestó que la República Dominicana no está separada del comportamiento de los precios del carburante a nivel internacional, pues en los últimos 12 meses el gas propano se ha revalorizado en un 100 % y ese crecimiento no se ha traducido del todo en un alza de GLP para la población.
Otro punto de vista
El director ejecutivo de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), Jorge Esteva, dijo que hay una preocupación legítima de todos los dominicanos sobre las alzas de los carburantes.
Sugiere al Gobierno encontrar un balance en donde el distribuidor, transportista, detallista y consumidor tengan precios razonables y con márgenes operacionales sustentables.
Esteva consideró que la intención del presidente Luis Abinader, de reformar la Ley de Hidrocarburos 112–00, para cambiar la estructura de costos y todo lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustibles, conlleva mucha responsabilidad y, por lo tanto, debe ser analizada en su justa dimensión.
Manifestó que reducir los impuestos que cobra el Estado a los combustibles no es la salida más salomónica, porque tendría que aumentarle a otro sector, quizá de mayor vitalidad que el de las gasolinas, y eso significaría seguir en lo mismo.
