SANTIAGO.- El periodista Luis Céspedes Peña, padre de Luis Norberto Céspedes Vega, dijo no descartar las versiones que circulan en Tamboril, donde fue muerto su hijo usando un vehículo, en el sentido de que hay un sector interesado que podría estar pagando dinero o ejerciendo cierta influencia en servidores del 9-1-1, para que ese organismo no les revele a las autoridades judiciales las informaciones requeridas, las cuales ayudarían a aclarar el caso.
Explicó que desde que ocurrió el hecho, el 2 de Noviembre del 2022, tres fiscales, dos asignados al Juzgado de Paz de Tamboril, y un tercero designado por el fiscal general de Santiago, Osvaldo Bonilla, le solicitaron al 9-1-1 la revisión de las dos cámaras que tiene en el sector donde ocurrió la tragedia, pero esa entidad oficial no da ninguna respuesta.
Precisó que el caso ocurrió dentro del área del Repuesto Nacho, de Tamboril, donde su hijo reparaba una pasola y ya montado en ésta, el vehículo vinculado al caso, lo chocó. El conductor huyó y sigue huyendo, por lo que no se sabe si fue un homicidio voluntario o un accidente de tránsito.
Las primeras solicitudes de los fiscales al 9-1-1, todas por escrito, fueron hechas por el magistrado Ramón Ureña, que fue trasladado a prestar servicios a Santiago de los Caballeros, sin obtener ninguna respuesta.
Céspedes Peña indicó que después de esas solicitudes, el actual fiscal de Tamboril, Manuel Güichardo, le envió al 9-1-1 otra comunicación, pero se la devolvieron diciendo en Santiago que estaba mal dirigida. Indicó que el magistrado luego le envió otra, con las especificaciones solicitadas por el 9-1-1, pero tampoco hubo respuesta. Ésta última sucedió el 3 de Enero de este año.
El profesional de la comunicación manifestó que observando los inconvenientes, es que el fiscal general de Santiago asume la investigación, designando a su ayudante, el magistrado Mario Almonte, pero éste tampoco logró ninguna información del 9-1-1.
El denunciante afirma que al 9-1-1 se le informó de todas las generales del vehículo y la hora aproximada del hecho, excepto un dato, que debe ser aportado por las cámaras. “Al día de hoy, ya tenemos el 99 por ciento de las investigaciones documentales”, agregó Céspedes Peña.
Declaró que la actitud del 9-1-1, es lo que hace sospechar en Tamboril, cada día más, que podría haber soborno a algunas autoridades o técnicos de ese organismo o una gran influencia de alguna persona del Estado, para favorecer al o los culpables de la muerte de su hijo.
Dijo que en la hoy Avenida Luis Rafael Abinader, antigua Calle Real de Tamboril, hay instaladas seis cámaras (cuatro privadas y dos del 9-1-1), pero no hay forma de establecer responsabilidades en contra del o los autores del caso.
El periodista Céspedes Peña detalló que las dos cámaras del 9-1-1 que hay a unos metros del lugar del hecho, a la entrada de la llamada Zona Rebelde, cubren los frentes de los vehículos, las partes traseras y ambos lados, por lo que hasta las personas que ocupan los mismos, pueden ser vistas.
Informó que solicitó a las direcciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y a la Fundación Periodismo en Reflexión, como a otras instituciones del sector de la comunicación, asumir la continuidad de la defensa del caso.
El comunicador dijo que no hay ninguna duda de que ese hecho podría afectar los propósitos reeleccionistas del Presidente Luis Abinader, debido a que se une a la campaña de inseguridad que existe en el país, pero que en este caso, el mayor daño se le estaría haciendo al gobernante el 9-1-1, por su evidente complicidad, a propósito o no, con el o los culpables de la muerte de Luis Norberto Céspedes Vega, su hijo.
