Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK._ El bodeguero dominicano José Alba quien en 2022 mató a puñaladas a un agresor que penetró a la bodega en Harlem en defensa propia, está demandando al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg y al Departamento de Correcciones de la ciudad (DOC) por discriminación racial y otros perjuicios.
Alba, estuvo varios días preso en la infame cárcel de Rikers Island en Queens mientras la comunidad dominicana y toda la ciudad exigían su libertad a lo que originalmente se negó el fiscal, solicitando una fianza de $500 mil dólares y acusándolo de asesinato en segundo grado que le fue reducida a $250 mil.
Ante las presiones de las asociaciones de bodegueros y parte del liderazgo dominicano, la fiscalía decidió retirarle los cargos tras lo cual el bodeguero se fue a la República Dominicana y regresó a Nueva York para incoar la demanda cuyo monto no se ha revelado.
Alba, mató a puñaladas al ex convicto afroamericano Austin Simon durante una pelea en la bodega Blue Moon en Harlem en julio de 2022, cuando la víctima penetró a la fuerza al interior del negocio violando el área restringida siendo empujado y agarrado por el cuello por el atacante.
La demanda afirma que Alba fue acusado de asesinato en segundo grado y soportó días encerrado en Rikers Island debido a la búsqueda de Bragg de la supuesta equidad racial en el sistema de justicia penal de Manhattan.
La demanda fue sometida en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan hace dos semanas.
“Si bien en teoría, las políticas de equidad racial de Bragg son un intento bien intencionado por su parte de implementar una justicia imparcial, los medios y métodos empleados por Bragg han tenido un efecto opuesto y han resultado en discriminación contra ciertos acusados por motivos de raza”, afirma la demanda, que también nombra al detective de la policía de Nueva York William García junto con oficiales de arrestos y detectives no identificados.
El primero de julio de 2022, Alba, de 61 años de edad, apuñaló varias veces a Simon, un hombre negro de 35 años, en la bodega de Harlem, después de que el bodeguero dominicano discutiera con la novia de su atacante porque no podía pagar una bolsa de papas fritas.
El ex convicto se acercó a Alba desde detrás del mostrador y lo empujó, lo que provocó una pelea que terminó con la muerte de Simon y el arresto del empleado, después de que llamara a la policía.
A pesar de las afirmaciones de Alba de defensa propia el fiscal Bragg acusó al bodeguero de asesinato en segundo grado y solicitó que se fijara una fianza de 500.000 dólares, pero el juez la redujo a 250.000 dólares.
Alba, incapaz de pagar la exorbitante fianza, fue enviado a Rikers, donde soportó condiciones inhumanas e inconstitucionales, afirma la demanda.
Alvin Bragg, un fiscal al que se considera típicamente blando con los criminales se negó a revisar los videos como evidencia en favor de Alba lo que tuvo que hacer posteriormente.
La decisión de Bragg de encarcelar a Alba provocó reacciones públicas en su contra, incluso del alcalde Eric Adams y el ex comisionado de la policía de Nueva York Bill Bratton, quien criticó al fiscal por encarcelar a un trabajador que parecía estar protegiéndose a sí mismo y a su tienda de un robo.
Alba pasó seis días en la prisión antes de ser liberado una vez que los fiscales redujeron el monto de su fianza a $50,000.
“Mi corazón está con el empleado que estaba en la tienda haciendo su trabajo”, dijo Adams en ese momento.
“Espero que tomemos todo eso en consideración, ya que este neoyorquino trabajador estaba haciendo su trabajo, y alguien agresivamente fue detrás del mostrador para atacarlo”, añadía el alcalde en el momento.
Después de la campaña de presión pública, el 19 de julio, Bragg finalmente retiró los cargos, admitiendo que no había suficiente evidencia para demostrar que el trabajador no estaba justificado en su uso de fuerza física letal.
Además de Bragg, la demanda incluye al comisionado del DOC, Louis Molina y a otros miembros del personal de esa agencia, junto con la ciudad, como responsables de las condiciones inconstitucionales de confinamiento y atención médica inadecuada en Rikers Island.
Alba y sus abogados anunciaron planes de demandar en febrero, pero retrasaron la presentación del caso mientras intentaban negociar un acuerdo previo a la demanda, que resultó infructuoso, dijo Rich Cardinale, abogado del ex trabajador de la bodega.
Alba está buscando compensación por daños punitivos que serán determinados por un jurado, dijo Cardinale.
“Bragg está tratando a la gente de manera diferente y está lastimando a la gente”, dijo Cardinale en una entrevista con el tabloide NY Post. “Mientras tanto, otras personas están cometiendo crímenes repetidos y él sigue dándoles un respiro”.
El abogado dijo que “no podemos seguir enfrentándonos unos contra otros en función de la raza”.
