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La iniciativa Bien Común intimó hoy mediante acto de alguacil al pleno de la Junta Central Electoral para que cumpla con su función constitucional y fiscalice los gastos multimilllarios de la precampaña ilegal desarrollada por políticos mañosos a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

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En reclamo del cumplimiento de la nueva Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (33-18), que establece montos de gastos para cada tipo de precandidatura, Bien Común exigió a la JCE una investigación y publicación de los ingresos y gastos de dirigentes que son o han sido funcionarios públicos recientemente, como Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado; Francisco Domínguez Brito, exministro de Medio Ambiente; Andrés Navarro y Carlos Amarante Baret, exministros de Educación; entre otros dirigentes que han desplegado vallas costosísimas en diferentes puntos del país.

Para Bien Común, la Junta Central Electoral lleva meses permitiendo una precampaña electoral a destiempo, inequitativa y violatoria de todos los principios de la participación política democrática y en igualdad de condiciones, en una actitud que resta credibilidad y legitimidad al órgano responsable de arbitrar los comicios del 2020.

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“La Junta debe aplicar ya la Ley de Partidos y su reglamento, obligando a que cada precandidato publique su relación de ingresos y gastos actualizada, para que el pueblo dominicano sepa de dónde los mañosos están sacando tanto dinero para desplegar su propaganda ilegal en todo el país”, declararon representantes del colectivo luego de depositar la intimación.

Bien Común explicó que, por ejemplo, la Junta debe obligar a que figuras como Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, aclaren de dónde están sacando el dinero para pagar entre RD$130,000 y RD$200,000 por cada una de sus vallas ilegales.

La iniciativa política aseguró que lo que manda la Ley de Partidos en su artículo 78 es anular las precandidaturas lanzadas a destiempo y sancionar a los partidos que las permitan.

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De igual forma, agregaron, la JCE tiene la obligación de asegurar que se cumplan los topes de gastos para cada nivel de elección. Estos , según el artículo 42 de la normativa, son: para el nivel Presidencial, setenta pesos dominicanos (RD$70.00), por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral a nivel nacional; para el nivel Congresual Sesenta pesos dominicanos (RD$60.00), por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral a nivel de la provincia o circunscripción correspondiente; para el nivel Municipal cincuenta pesos dominicanos (RD$50.00) para alcaldes y veinticinco pesos dominicanos (RD$25.00) para regidores, por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral de la demarcación correspondiente; y para Distritos Municipales Cien pesos dominicanos (RD$100.00) para directores distritales y veinticinco pesos dominicanos (RD$25.00) para vocales, por electores hábiles inscritos en el Registro Electoral de la demarcación correspondiente”.

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