El gobierno de Australia anunció este martes un proyecto de ley encaminado a prohibir el uso recreacional de los vapeadores, calificados como la «nueva amenaza» a la salud pública del país, y restringirlos al uso terapéutico.
El plan incluye la prohibición de la importación de vapeadores sin receta médica y de un solo uso, así como medidas para restringir tanto las concentración de nicotina de estos productos, como los colores y sabores, explicó hoy el ministro de Salud, Mark Butler, ante el Club de la Prensa en Camberra.
Además, los vapeadores, vendidos únicamente en las farmacias y con receta médica, vendrán en paquetes similares a los medicamentos y estarán acompañados de advertencias médicas.
«No más sabores de chicles, no más unicornios rosados ni vapeadores disfrazados de rotuladores para que los niños los escondan en sus estuches. En su lugar, tendremos envases sencillos con sabores sencillos», remarcó Butler, después de que trascendieran varios casos de niños adictos.
«El vapeo se vendió a gobiernos y comunidades de todo el mundo como un producto terapéutico para ayudar a los fumadores de larga duración a dejar de fumar. No se vendió como un producto recreativo, y menos para nuestros hijos», subrayó el ministro.
Laguna legal
Según Butler, esta medida busca cerrar «la mayor laguna legal de la historia de Australia», al justificar las reformas para evitar el vapeo en las poblaciones más jóvenes, entre quienes se ha detectado un creciente consumo, y considerarla «legítima» solo en las terapias para dejar de fumar.
En Australia, uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años ya ha vapeado, así como uno de cada seis adolescentes de entre 14 y 17 años, estos últimos quienes podrían acceder a vapeadores sin nicotina -pero con sustancias adictivas- en establecimientos comerciales, según datos oficiales.
Este plan, con un fondo de 234 millones de dólares australianos (155 millones de dólares estadounidenses o 141 millones de euros), será la primera gran reforma en Australia contra la industria del tabaco después de la entrada en vigor en 2012 de una ley que obligaba a las empresas a vender sus productos en paquetes neutros y con advertencias sanitarias.
