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El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó anoche para las 2:00 de la tarde de hoy la continuación del conocimiento de medidas de coerción contra 11 imputados en la trama de corrupción que de acuerdo con el Ministerio Público encabezaba Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

Altice

El magistrado tomó la decisión a las 12:04 de la madrugada luego de escuchar la sugerencia de abogados defensores de los imputados.

Horas antes de suspender la audiencia y aplazarla para esta tarde, el juez Alejandro Vargas negó la petición de los abogados Juan José Eusebio, Menelo Núñez, Jhonatan Saldaña y Manuela Ramírez de aplazar la audiencia de los imputados-sus defendidos- Domingo Antonio Santiago, Rafael Antonio Germosén, y Walcal Vernavel Méndez Pineda.

Asimismo, el magistrado había dispuesto al iniciar la audiencia la fusión del expediente del imputado Wacal Vernavel Méndez Pineda con el de los primeros 10 detenidos por el Ministerio Público en el expediente de corrupción administrativa derivado de la “Operación Anti-Pulpo”.

Ayer, el Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, detalló la acusación de que los imputados operaban en un entramado de corrupción contra el Estado dominicano dirigido por Juan Alexis Medina que involucró unos 4,769,775,128.96 millones de pesos.
En el caso de corrupción y desfalco contra el Estado figuran como imputados, Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario y presunta cabecilla, y su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez.

También están Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa; al igual que Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro y el ya mencionado Hidalgo Núñez
Ministerio Público dice que Alexis Medina actuaba como un pulpo
Durante la audiencia, el Ministerio Público afirmó que los imputados de la Operación Anti-Pulpo, quienes desarrollaron un modo operativo que les permitió sustraer del erario cerca de cinco mil millones de pesos, con un ciclo que se iniciaba con el tráfico de influencia, se apoyaba en el entramado societario que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez y se reforzaba con la inversión en la campaña política de candidatos oficiales, aseguró este domingo el Ministerio Público.

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La descripción de cómo operaba este grupo de exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros estuvo a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), durante el conocimiento de la medida de coerción contra 11 imputados en este caso.

Estas actividades fraudulentas permitieron a los imputados “tener vidas de lujo, en detrimento de las grandes mayorías”, resaltó Camacho, al detallar la suma de RD$4,796,775,128 sustraídos de los fondos públicos.

Camacho se preguntó cuántas soluciones en estructuras hospitalarias, carreteras, servicios educativos, eléctricos e inversión social pudo haber ofrecido la administración pública con esos recursos.

El Ministerio Público planteó ante el juez de la instrucción que las empresas del entramado de corrupción encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez operaba desde una “misma guarida”, un local comercial ubicado en la avenida 27 de Febrero, en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional.

Carmen Magalys Medina favoreció la red de su hermano
El magistrado Wilson Camacho dijo que la hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez en su condición de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.

Sostuvo que Carmen Magalys se convirtió en “una vía para que las empresas de su hermano pudieran ganar procesos de licitación por comparación de precios en el Fonper”, como se evidencia en al menos 23 casos.

“¿Y es que Magalys tampoco sabía que Alexis (su hermano) era proveedor del Estado?, ¿En este país los únicos que no sabían que Alexis era proveedor del Estado eran sus hermanos?”, se preguntó.

Recordó que siendo Carmen Magalys vicepresidenta del Fonper, su hermana, la exdiputada Lucía Medina Sánchez, recibió al menos 78 millones de pesos para una fundación a través de la cual ejecutaba acciones asistencialistas y de proselitismo en su provincia San Juan.

Los Medina usaban dinero público en proselitismo a favor de Lucía
Al solicitar un año de prisión preventiva contra Fernando Rosa, la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yenni Berenice Reinoso, dijo que el exdirector del Fonper tiene una hija que le ayudaba a lavar activos y a la que ocuparon 20 mil dólares.
Asimismo, planteó que los hermanos Medina Sánchez y Rosa hacían proselitismo político con dinero público a favor de una candidatura fallida (la de Lucía Medina al Senado), con dinero del Estado, en una época en la que hasta 11 niños fallecieron durante un fin de semana, en un hospital público por falta de recursos para comprar oxígeno.

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En Santiago se decía siempre “Fernando es un hombre del Presidente”, apuntó en relación a la vinculación del exfuncionario con el expresidente Danilo Medina, cuyos hermanos Juan Alexis y Carmen Magalys figuran como imputados en el expediente.
“Esto es corrupción en la entraña del poder”, sostuvo, al reiterar la declaración del caso complejo y solicitar un año de prisión preventiva, en el caso de Rosa, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal.

Movimientos millonarios de Pagán

En su exposición, Yeni Berenice Reynoso también reveló supuestos pagos millonarios solicitados por el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) al Ministerio de Hacienda, durante su gestión.

Según la representante del Ministerio Público, el exfuncionario le pidió al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que le realice el pago de más de 922 millones de pesos a través de la referida institución.

“El día 9 de julio, el imputado Francisco Pagán, quien todavía se desempeñaba como director de la OISOE solicita directamente a Hacienda su señoría, y ahí está la comunicación dirigida al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, de que se le pague vía Hacienda directa la suma de RD$922,774,884”, aseguró la procuradora adjunta.

Excontralor dice lo destituyeron porque no certificó un contrato
El excontrolador general de la República Rafael Germosén explicó que fue destituido de su cargo en menos de 15 días porque se negó a firmar la certificación de unos contratos donde participaron la ministra de Salud Pública de ese entonces Altagracia Guzmán Tatis Marcelino; el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán el señor Pagán; y el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.

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