Assange es libre. El australiano de 52 años decidió declarase culpable ante la Justicia estadounidense por el cargo de conspiración para obtener y revelar documentos clasificados de la Defensa nacional, según indican documentos revelados por el Tribunal de Distrito en las Islas Marianas del Norte, una de las pocas representaciones judiciales estadounidenses en ultramar.
Según información del tribunal, Assange será sentenciado a 62 meses de cárcel, aunque no volverá a pisar prisión, ya que la Justicia considera que el periodista ya ha cumplido con el tiempo prescrito. El fundador de WikiLeaks se presentará el próximo 26 de junio en el Tribunal de las Islas Marianas del Norte para confirmar su declaración y condena.
Washington pidió la extradición de Assange durante el mandato del expresidente republicano, Donald Trump, y construyó un caso judicial alrededor de la filtración masiva de documentos clasificados del Gobierno estadounidense por WikiLeaks en 2010, entregados por Chelsea Manning, exanalista de inteligencia militar estadounidense que fue procesada por violar la Ley de Espionaje, aunque exonerada de sus cargos en 2017.
De haber sido encontrado culpable por los cargos que enfrentaba en Estados Unidos, el creador de WikiLeaks pudo haber enfrentado una condena por hasta 170 años dentro de una prisión federal.
El historial legal de Julian Assange
Assange entró de lleno al foco internacional en 2010, cuando Wikileaks reveló al público más de 700.000 documentos clasificados del Gobierno estadounidense, mismos que detallaban el comportamiento del Ejército en Irak y Afganistán, además de un video grabado en 2007 desde la perspectiva de un helicóptero ‘Apache’ estadounidense, que abrió fuego en contra de presuntos insurgentes iraquíes, lo que resultó en la muerte de una decena de civiles y dos periodistas.
El australiano ha estado en medio de una persecución judicial internacional desde hace más de una década. En 2010, Assange fue arrestado en Reino Unido tras efectuarse una orden de detención europea debido a acusaciones por delitos sexuales en Suecia, aunque fue dejado en libertad condicional mientras la Suprema Corte del país resolvía su posible extradición a Estocolmo.
Dos años después, la Suprema Corte ordenó su extradición, motivo por el cual Assange buscó asilo diplomático en la Embajada ecuatoriana en Londres, lugar que fue su hogar durante siete años.
Aunque los polémicos cargos por presuntos delitos sexuales fueron desechados por la Justicia sueca, la Policía británica arrestó a Assange en 2019, después de que el Gobierno ecuatoriano presidido por Lenín Moreno le retirará la protección diplomática, esto por, según Quito, haber “incumplido las condiciones de libertad bajo fianza”, por lo que pasó a estar recluido 55 semanas en la prisión británica de Belmarsh.
En el mismo 2019, el Departamento de Justicia estadounidense pidió formalmente la extradición de Julian Assange rumbo a Washington, con el objetivo de juzgarlo por conspirar para infiltrarse en equipos de cómputo gubernamentales, además de violar la ley de espionaje.
Entre ordenamientos judiciales que permitían la extradición y apelaciones legales del equipo de Assange, el periodista se mantuvo cinco años en prisión esperando conocer con exactitud su futuro, que era confuso hasta ahora, cuando tras 14 años de batallas legales, Julian Assange podrá vivir otra vez como un hombre libre.
La libertad de prensa, en medio de la batalla judicial
La liberación de Julian Assange marca también el fin de uno de los casos judiciales más polémicos de la historia contemporánea. Desde la difusión de los documentos clasificados en 2010, los Gobiernos estadounidenses marcaron al australiano como un individuo a seguir muy de cerca, ya que estas filtraciones mermaron la figura del Ejército estadounidense en el ojo público internacional, especialmente en su rol dentro de Medio Oriente.
Aunque la Administración de Barack Obama se negó a construir un caso judicial en contra de Assange, fue el fiscal general designado por el expresidente Donald Trump, Jeff Sessions, quién comenzó a empujar por la persecución legal en contra de Assange, a pesar de la indignación internacional por la violación a la libertad de prensa que dicho movimiento significaba.
Washington siempre argumentó que lo que había hecho Assange rebasaba los límites de la libertad de prensa, ya que los documentos pusieron en peligro a soldados estadounidenses, fuentes clasificadas, además de dificultar la respuesta estadounidense a posibles amenazas externas. Los seguidores del australiano siempre lo abanderaron dentro de los lineamientos de la Primera Enmienda constitucional estadounidense, misma que protege a otros periodistas en casos similares.
“La acusación contra el señor Assange amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas llevan a cabo de forma rutinaria y que deben llevar a cabo para hacer el trabajo que el público necesita que hagan”, sentenciaron más de una veintena de ONG defensoras de los derechos humanos en una carta dirigida al Gobierno estadounidense, condenando los señalamientos a Assange, en 2021.
Después de una ardua batalla en nombre de la libertad de prensa, Julian Assange ya ha salido de la cárcel de Belmarsh y del Reino Unido, presuntamente en rumbo a su hogar en Australia, según indicó WikiLeaks en sus redes sociales.
Con Reuters y medios locales
