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El destino de los 11 imputados en la alegada red de corrupción que supuestamente dirigía Alexis Medina Sánchez será conocido a las 5:00 de esta tarde, cuando el juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dé a conocer su decisión sobre las medidas de coerción solicitada contra el grupo por el Ministerio Público.

Altice

El magistrado Vargas convocó a audiencia luego de escuchar los alegatos del Ministerio Público y la defensa de los imputados que expusieron ayer, el último de ellos Aléxis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, quien aseguró que desde que el Partido de la Liberación Dominicana salió del poder su familia ha sido sometida a presiones y zozobras insostenibles.

Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el caso de la operación Anti-Pulpo por corrupción y estafa al Estado, se defendió de los señalamientos que le ha hecho el Ministerio Público y aseguró que es un empresario de mucho tiempo, que innovó en el trabajo de los courriers trayendo carga aérea al país.

El imputado se negó a responder al Ministerio Público por, presuntamente, el organismo ser “devastador” con la familia Medina.

“El Ministerio Público desde el primer día ha sido devastador pasa la familia Medina y yo no quiero responderle”, expuso. Dijo que comenzó en el sector médico en el año 1995 con la reparación de equipos dañados en hospitales del país.

Por igual, explicó que las personas que le señalan de ser sus testaferros no son tal cosa y que se trata de empresas y ciudadanos que se acercaron a él para hacer negocios serios, “no para estafa”.

“Mi vida entera ha sido trabajando. Lo que pasa es que se montó una campaña en mi contra al cambio de gobierno”, dijo Alexis Medina.

“En un momento de mi vida a mí me botaron un expediente que se perdieron 55 millones de pesos. Por cuestiones políticas me quemaron el expediente”, dijo en su defensa esta noche ante la corte que conoce la petición de prisión preventiva que hizo la Procuraduría General de la República en su contra.

La barra de la defensa de cada uno de los imputados rechazó la solicitud de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público y en cambio pidió al juez Vargas que les otorgue la libertad pura y simple debido a que las acusaciones del organismo se fundamentan en falsedades y mentiras.

Tras escuchar las acusaciones del Ministerio Público ayer expusieron sus argumentos de defensa ante el juez Alejandro Vargas los imputados Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo y Domingo Antonio Santiago Muñoz,.

También Wacal Vernavel Méndez Pineda, cuyo expediente fue fusionado con el de los primeros detenidos por el Ministerio Público en el expediente de los demás imputados por el juez.
En la primera audiencia para conocer las medidas de coerción a los imputados, el pasado domingo se presentaron cinco de los 11 imputados

Entramado de la OISOE

Ayer, el Ministerio Público describió el modo en que operaba lo que definió como un entramado de corrupción administrativa develado con la Operación Anti-Pulpo, al atribuir al imputado Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez la condición de pieza imprescindible para que las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez fueran privilegiadas con contratos de la Oisoe durante la gestión de Francisco Pagán.

“Sin la absoluta coparticipación del imputado no era posible, era absolutamente imposible que pasara” la actividad delictiva de la que se favoreció Medina Sánchez con los favores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), donde Cristofer Sánchez fue director de Fiscalización, resaltó el Ministerio Público.

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El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que “en la Oisoe no se llegaba a Pagán sino era a través de Aquiles Cristofer”.

Señaló que Christopher Sánchez posee relación societaria con las empresas Masterpolis S.A., Inversiones Eglaim S.A., Montecristi Petroleum Corporation S.A., y Chrissam Ingeniería S.A.

El acusado formaba parte del entramado que se benefició de que el Estado haya ordenado la remodelación de más de 50 hospitales, proyecto que fue traspasado del Ministerio de Salud Pública a la Oisoe. En ese contexto, el presupuesto inicial para remodelar el hospital Francisco Moscoso Puello fue de RD$43 millones y al final costó RD$1,129 millones, aseguró Camacho.

En las intervenciones del domingo, el Ministerio Público explicó que la empresa Domedical Suply SRL, de Medina Sánchez, fue favorecida con contratos para equipar hospitales, pero suministró dispositivos deficientes y usados y hasta dejó de entregar una parte. Estos contratos constituyeron un atentado “contra el derecho fundamental, que es el de la salud”, sostuvo en estrado la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

Cristófer Sánchez, según expuso Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, era parte de un modelo “macabro” que se instituyó en la Oisoe y que el también encartado Francisco Pagán perfeccionó muy bien a partir de su designación como director general. Explicó que ese modelo operativo consistía en no pagar a los ingenieros que ganaban sorteos de contratos, con el fin de que se quedaran sin capital para adelantar la obra, a fin de que quedaran vulnerables y obligarlos hacer una cesión de crédito

Pagán se defiende

Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Supervisores de Ingenieros del Estado (OISOE), negó este martes que durante su gestión en esa institución se cometieran actos de corrupción administrativa.

En su defensa, alegó que nunca hubo chantaje y que cumplió con cada ingeniero contratista con obras adjudicadas por concurso.

Sostuvo que al llegar a la institución se reunió con todos los ingenieros que tenían obras o algún vínculo con OISOE, para tratar el tema del chantaje. El grupo era de unos 400 ingenieros, según sus revelaciones.

Pagán hizo un recuento de su vida personal, profesional y logros durante su presentación ante el magistrado Alejandro Vargas. Sin embargo, en ningún momento se refirió a su relación con Alexis Medina o a sus empresas.

A Francisco Pagán se le imputa por supuestas irregularidades en la construcción, reconstrucción y remodelación de algunas de las obras ejecutadas durante su gestión en la Oficina de Supervisores de Ingenieros del Estado (OISOE).

José Dolores Santana

De su lado, José Dolores Santana, imputado y acusado por el Ministerio Público de ser uno de los principales testaferros de Alexis Medina, afirmó que éste tenía control efectivo de la empresa Domedical Suply SRL, dedicada a vender equipamientos médicos.

“Vivo de lo que hago en Domedical, que es equipar hospitales. Soy de los dueños. Tengo un 50 % de las acciones pero el control efectivo de estas empresas lo tiene Alexis Medina”, declaró Dolores Santana.

Negó que haya participado en el proceso de remodelación de 56 hospitales, tal y como lo informa el Ministerio Público en el documento de solicitud de medidas de coerción.

No obstante, sí admitió que la empresa Domedical Suply SRL se involucró en el equipamiento de hospitales mediante contratación con el Estado.

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Julián Suriel Suazo: armas 917 mil 600 dólares y RD$8.5 millones
De acuerdo con el Ministerio Público, Julián Esteban Suriel Suazo presuntamente prestó su nombre para servir de testaferro a Juan Alexis Medina Sánchez y la red de corrupción que aprovechó su conexión con el poder político para estafar a los contribuyentes mediante la sustracción de fondos del Estado.

La Procuraduría dice que a Suriel Suazo se le ocupó una caja con 136 proyectiles para fusiles, un fusil calibre 5.56 milímetros, una pistola Glock, una pistola Sig Sauer, tres cajas de seguridad, así como 917,600 dólares y 8.5 millones de pesos.

Al exponer ante el juez de la instrucción, el fiscal Yoneivy González resaltó que Suriel Suazo accionó para destruir pruebas. Además, que, pese a que el mayor salario que recibió hasta 2018 era de 18,000 pesos, exhibe una cantidad de bienes que incluyen nueve apartamentos y acciones en varias empresas de la red de Medina Sánchez.

Por estas acciones y el nivel de responsabilidad que tenía en las operaciones dirigidas por Medina Sánchez, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Suriel Suazo.

El imputado aseguró en su defensa que las armas ocupadas eran del oficial Braulio Caraballo, asignado a su seguridad personal cuando él (Suriel Suazo) se desempeñó como director operativo de la campaña presidencial de Gonzalo Castillo, mientras el político realizaba proselitismo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A la salida de la sala de audiencia, Yeni Berenice reiteró que tienen pruebas más que suficientes para una medida de coerción contra los imputados.

Piden prisión preventiva contra los imputados

El Ministerio Público pidió anoche un año de prisión preventiva contra el imputado Alexis Medina Sánchez, por considerar que es la cabeza principal del entramado de corrupción a través del cual se estafó al Estado con casi 4,800 millones de pesos. Los fiscales solicitaron, además, que el caso sea declarado complejo. “Es la cabeza visible, hasta el momento, del entramado de corrupción”, dijo la procuradora anticorrupción, Yeni Berenice Reynoso, al hacer la solicitud. Dijo que Alexis Medina antes del 2012 tenía una condición económica muy precaria, según informaciones obtenidas durante la investigación de la operación Anti-Pulpo.
“Creo que es más fácil que alguien pueda tocar una estrella que la defensa de Alexis pueda justificar su crecimiento económico cuando en 2011 hasta le cortaron el cable por falta de pago”, dijo. Expuso que el día del arresto, al imputado lo acompañaban varios militares, incluyendo dos coroneles, uno de ellos que fungía como su escolta. Pidió al tribunal que autorice al ministerio público a inmovilizar de manera provisional las operaciones de las empresas del imputado, a los fines de evitar que puedan hacer transferencia de acciones y activos del entramado societario.

Dice el testaferrato no va contra las leyes

Wacal Vernavel Méndez Pineda es acusado de ser uno de los testaferros de Alexis Medina. Su abogado, que no se identificó, señaló que el testaferrato no está sancionado en la ley, pero que aclaró que con eso no quiere decir que su imputado sea un testaferro. “La función de Wacal Vernavel era de encargarse de cada vez que haya que pagar los impuestos correspondientes de cualquiera de las empresas de Alexis Medina, eso pase de manera limpia y sin problemas”, señaló el abogado.

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