Bartolo García
SANTO DOMINGO.– La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su profunda preocupación ante las iniciativas que actualmente cursan ante el Tribunal Constitucional y que, según entienden los obispos, procuran debilitar los derechos fundamentales a la vida y a la familia consagrados en la Constitución de la República Dominicana.
A través de un comunicado, los prelados recordaron que los intentos de modificar estos principios han sido planteados en distintas ocasiones durante las últimas décadas, encontrando siempre el rechazo tanto del legislador constituyente como del ordinario, quienes han defendido la protección de la vida humana desde la concepción y el papel de la familia como núcleo esencial de la sociedad.
Los obispos señalaron que la República Dominicana se mantiene entre las naciones que han preservado estos valores constitucionales frente a corrientes internacionales que, a su juicio, promueven una visión contraria a la dignidad humana y a la protección integral de la vida.

Asimismo, advirtieron que cualquier intento de reinterpretar la Constitución mediante una sentencia del Tribunal Constitucional para alterar derechos fundamentales representaría una amenaza al orden constitucional y a la institucionalidad democrática del país, al tiempo que cuestionaron las bases ideológicas que impulsan estas iniciativas.
En el documento, la Iglesia Católica sostuvo que los poderes públicos están llamados a proteger la soberanía nacional, la identidad cultural y los valores que sustentan la convivencia social, reafirmando la necesidad de defender la vida humana en todas sus etapas y fortalecer la familia como fundamento de la nación dominicana.
Los obispos valoraron positivamente la postura asumida por el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional, instituciones que han expresado su rechazo a las acciones presentadas ante el Tribunal Constitucional y han defendido la vigencia de los principios establecidos en la Carta Magna.
Finalmente, la Conferencia del Episcopado Dominicano reconoció la participación de movimientos provida, organizaciones defensoras de la familia, comunidades católicas y evangélicas, así como de ciudadanos que han intervenido en el proceso para respaldar la protección de la vida, la familia y los valores que consideran esenciales para el presente y futuro de la sociedad dominicana.

