Bartolo García
El abogado y sociólogo Víctor Mateo Vásquez aseguró que la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano tendrá un impacto significativo en el sistema penitenciario, al considerar que el Gobierno deberá construir nuevas cárceles para responder al aumento de las exigencias que plantea el nuevo marco jurídico.
Durante una entrevista en el programa A Diario, transmitido por Space 89.3 FM, el jurista cuestionó el manejo del período de vacatio legis, al entender que este debió utilizarse para desarrollar una amplia campaña de educación ciudadana sobre el contenido de la legislación y no para introducir modificaciones de última hora.
Mateo Vásquez lamentó que, aunque el Ministerio Público y el Poder Judicial capacitaron parte de su personal para la implementación de la nueva normativa, la población no recibió la información necesaria para conocer los cambios que introduce el Código Penal, aprobado el 3 de agosto de 2025.
El experto sostuvo que el período de vacatio legis tiene como finalidad preparar a las instituciones y a la ciudadanía para la aplicación de la ley, por lo que consideró incorrecto emplearlo para renegociar aspectos de la normativa. No obstante, expresó su confianza en la comisión encargada del proceso, destacando la participación de Milton Ray Guevara.
Otro de los aspectos que calificó como trascendental es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una disposición cuya entrada en vigor fue diferida por tres meses tras la publicación de las modificaciones al Código Penal.
Según explicó, esta reforma implica que las empresas podrán ser objeto de sanciones económicas e incluso de inhabilitaciones, por lo que deberán fortalecer sus mecanismos internos mediante programas de compliance, códigos de ética y protocolos de control para prevenir responsabilidades legales.
El abogado concluyó que el nuevo Código Penal representa un cambio profundo para el país, tanto en el ámbito judicial como en el empresarial, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria, capacitar a las instituciones y promover una mayor educación ciudadana sobre el alcance de la nueva legislación.
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