Bartolo García
Santo Domingo.– El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Teodoro Tejada, denunció presuntas irregularidades en los procesos de licitación de las corporaciones de acueductos y alcantarillados, señalando la existencia de criterios que podrían restringir la participación de oferentes.
Tejada explicó que uno de los principales problemas radica en la evaluación de la experiencia de las empresas, donde solo se consideran las obras ejecutadas directamente por la compañía, dejando fuera la trayectoria profesional del equipo técnico que la integra.
Según indicó, esta situación perjudica a ingenieros que han participado en proyectos como funcionarios, supervisores o residentes, provocando que las empresas obtengan cero puntuación en ese renglón, lo que limita su competitividad en los procesos.
El ingeniero advirtió que estas prácticas podrían abrir espacio a decisiones discrecionales y posibles actos de corrupción, al no garantizar condiciones equitativas para todos los participantes.
Asimismo, cuestionó la exigencia de que el ingeniero jefe de obra cuente con una maestría en hidráulica o sanitaria, argumentando que este requisito contradice lo establecido en la Ley 111 de 1942 sobre el ejercicio de las profesiones técnicas en el país.
En el ámbito financiero, denunció la imposición de requisitos que calificó como excesivos, como la presentación de certificaciones bancarias y niveles de liquidez elevados, que obligan a los oferentes a demostrar hasta un 30 % del valor del proyecto, o un 15 % en el caso de las mipymes.
Indicó que, aun cumpliendo con estos requisitos, las entidades aplican evaluaciones internas que calificó como poco transparentes, estableciendo índices de solvencia que superan los límites definidos en los pliegos de condiciones.
A su juicio, estas acciones contravienen disposiciones del Reglamento 416-23, específicamente en lo relativo a la certificación de apropiación presupuestaria, generando dudas sobre la legalidad de los procesos.
Tejada planteó que la nueva Ley 47-25 debe corregir estas distorsiones, eliminando exigencias desproporcionadas que vulneran derechos y limitan la libre competencia.
Finalmente, hizo un llamado a la Dirección General de Contrataciones Públicas para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad y transparencia establecidos en la Constitución, asegurando procesos justos y abiertos para todos los participantes.
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