AIREN solicita revisión técnica a cambios de la Ley de Residuos Sólidos antes de su promulgación

Bartolo García

Santiago.- La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) solicitó a las autoridades realizar una revisión técnica de las recientes modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos antes de su promulgación, con el objetivo de evaluar su impacto sobre la industria nacional y asegurar que las nuevas contribuciones respondan a criterios de equidad y capacidad contributiva.

El gremio explicó que su preocupación se centra en los cambios introducidos al artículo 36, relacionados con la contribución especial obligatoria para la gestión de residuos sólidos, aprobados recientemente por el Senado de la República. Aunque respaldó el fortalecimiento del sistema nacional de manejo de residuos, consideró que una reforma de este alcance debe sustentarse en análisis técnicos y en un proceso de consulta con los sectores involucrados.

El presidente de AIREN, Luis José Bonilla, expresó que toda contribución obligatoria debe establecerse sobre criterios objetivos y tomando en cuenta la realidad de las empresas que sostienen el empleo formal y la producción nacional. En ese sentido, manifestó preocupación por el impacto que podría tener una estructura de aportes que no diferencie las características y capacidades de cada industria.

Bonilla advirtió que las pequeñas y medianas empresas podrían verse afectadas de manera desproporcionada, debido a que constituyen la mayor parte del tejido productivo del país y cuentan con menores capacidades para asumir incrementos significativos en sus costos operativos.

La asociación reiteró que la sostenibilidad ambiental y la competitividad industrial deben avanzar de forma conjunta, por lo que considera necesario construir una regulación que proteja el medio ambiente sin comprometer el desarrollo del aparato productivo nacional.

Finalmente, AIREN manifestó su disposición de participar, junto a otros gremios y sectores económicos, en espacios de diálogo técnico que permitan enriquecer la implementación de la ley, garantizando una normativa equilibrada, aplicable y sostenible tanto para la protección ambiental como para el crecimiento económico del país.