La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, pidió a las cámaras legislativas, que asuman su rol constitucional de fiscalizar el gasto, ordenando la contratación de firmas auditoras, para la realización de una auditoría forense, que determine la realidad del contrato de concesión de la autopista Juan Pablo Segundo, que comunica a Santo Domingo y varias provincias del Nordeste.
El Estado dominicano tendrá que pagar este año, la astronómica suma de Trece Millones Quinientos Mil Pesos (RD$13,500.000.00) diarios, como resultado del déficit de vehículos que no circulen por la concesionada autopista Santo Domingo – Samaná a la empresa colombiana Autopistas del Nordeste, de acuerdo al contrato firmado en el año 2001, el cálculo se desprende de las partidas establecidas en el presupuesto, ascendente a la suma de Cuatro Mil Millones Novecientos Treinta Mil Pesos (RD$4,930.000.00) para cubrir el peaje sombra, que consiste en la diferencia entre lo recaudado por la empresa concesionaria y los vehículos que no transitaron.
Con la partida consignada en el presupuesto 2021, la empresa recibirá del Estado dominicano, desde el inicio de las operaciones de la autovía la suma de Veintitrés Mil Millones, Novecientos Mil Pesos (RD$23,900.000.00), por concepto de la cláusula contractual “Ingreso mínimo garantizado”, que obliga al Estado a pagar un costo elevado por una cantidad mínima de vehículos que deberían utilizar la vía, sin conocerse de manera transparente lo recaudado por la empresa en las estaciones de peaje que opera, cuyo cobro en un viaje de ida y vuelta a Samaná en vehículo liviano, los usuarios de la carretera, construida a un carril en sentido contrario, deben pagar cerca de dos mil pesos en cuatro estafetas. El costo inicial de la obra era de 150 millones de dólares, habiendo recibido ya más de 282 Millones de Dólares por concepto de peaje sombra.
CIUDAD DE LA SALUD LUIS E. AYBAR
ADOCCO formuló igual solicitud, a los congresistas, para que promuevan la contratación, mediante licitación pública nacional e internacional, de firmas auditoras, para una auditoría forense, al Contrato de Obras No. OBE-OISOE-MP-040/2013, del proyecto “Remodelación, reestructuración con solución de ampliación de nuevos espacios hospitalarios y equipamiento de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar”. Entre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE y las empresas Constructora Marial & Asociados, S.A. (COSMARA), Servicios Electromecánicos e Institucionales, S.A., (SEMINSA) y Consorcio COSMARA – SEMINSA, obra con un costo inicial de 3 mil millones de pesos y va por 8 mil millones de pesos.
La entidad indicó que las irregularidades inician por las debilidades y concesiones permitidas desde el proceso de licitación, y muchas se encuentran plasmadas en la documentación de la propuesta de la Licitación, sobre A y Sobre B (propuesta Técnica con su presupuesto), en el contrato y su enmienda. Como muestra puede verse el contrato y su enmienda No.1, que se encuentran a nombre del Consorcio Cosmara Seminsa, y el Registro del Contrato de fecha 21 de agosto 2013, No. 00029702, se encuentra en la Contraloría General de la República, a nombre de la empresa Constructora Marial & Asociados, S.A.
Otra de las irregularidades es que el presupuesto de OISOE, con el cual se hizo el contrato se encuentra fechado 3 de enero del año 2013. Mientras tanto la Resolución de Adjudicación del Concurso tiene fecha 5 de junio del año 2013, situación que pone en entredicho la legalidad de dicho proceso. Ya que el presupuesto de contratación de la obra se encontraba confeccionado antes de declarar al ganador y por lo tanto permite cualquier tipo de suspicacia. En ese sentido, demandó de la Contraloría General de la República informaciones relativas a los registros de contratos y pagos realizados, al igual que a la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del estado, OISOE, entidad responsable de la ejecución de la obra en cuestión.
