Bartolo García
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) calificó como un hito trascendental la promulgación del nuevo Código Penal por parte del presidente Luis Abinader, resaltando su impacto directo en la prevención y sanción de la corrupción administrativa en el país.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización, expresó que con esta nueva legislación, se responde a una demanda histórica de la sociedad dominicana y se fortalece el marco legal para sancionar prácticas corruptas en el sector público.
ADOCCO reconoció la valentía de los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes lideraron con firmeza las discusiones que permitieron la aprobación del instrumento legal por ambas cámaras legislativas.
La nueva Ley 74-25 establece sanciones más severas para los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción, extendiendo los plazos de prescripción, imponiendo inhabilitaciones para ejercer funciones públicas y considerando estos delitos como un concierto de infracciones conexas.
Uno de los puntos destacados por ADOCCO es la tipificación del peculado de uso, una práctica común en la administración pública donde se ceden bienes del Estado a particulares. Esta infracción será castigada con penas de cinco a diez años de prisión y multas de hasta veinte salarios mínimos del sector público.
El nuevo Código Penal define la corrupción pública como cualquier acto mediante el cual un funcionario, abusando de su cargo, obtiene beneficios económicos indebidos, utiliza recursos estatales con fines particulares o facilita acciones ilegales en el ejercicio de sus funciones.
De la Rosa Tiburcio valoró que el nuevo cuerpo normativo dedica un capítulo completo al combate a la corrupción, incluyendo 25 artículos que tipifican delitos como cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, malversación, sobrevaluaciones, contratos irregulares y conflictos de intereses.
Por primera vez, la ley establece con claridad que las infracciones contra el patrimonio público prescriben a los veinte años, ampliando de forma significativa la posibilidad de que los responsables sean sometidos a la justicia.
ADOCCO sostiene que esta ley representa un instrumento clave no solo para la sanción, sino también para la prevención, ya que las nuevas figuras penales obligarán a los funcionarios a actuar con mayor ética, transparencia e integridad en el manejo de los recursos públicos.
El nuevo Código Penal entrará en vigor en agosto de 2026, tiempo durante el cual las instituciones del Estado deberán adecuar sus reglamentos, protocolos y sistemas de control para garantizar su efectiva aplicación.
Además, el artículo 284 del nuevo Código detalla las conductas consideradas como corrupción pública y especifica las consecuencias legales para quienes incurran en ellas, enviando un mensaje contundente de que “el que lo hace, lo paga”.
ADOCCO también resaltó que el enfoque moderno del Código incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo que empresas que se beneficien de prácticas corruptas también puedan ser sancionadas.
Esta promulgación, según De la Rosa Tiburcio, “marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción, y representa una victoria para la ciudadanía que exige instituciones más transparentes y funcionarios más responsables”.
Con esta reforma legal, la República Dominicana se coloca en una mejor posición frente a los estándares internacionales de lucha contra la corrupción, elevando su compromiso con la justicia, la legalidad y la institucionalidad democrática.
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