Por una supuesta deuda de RD$36.00 por el pago del servicio de agua potable en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), un grupo de abogados habría alterado una factura del servicio de agua de una cliente, por lo cual embargaron bienes inmobiliarios por encima de RD$800 millones, según denunciaron familiares de la persona estafada, a través de sus abogados.
Conforme a los abogados de los descendientes de Luz María de León, la cual falleció y no dejó herederos directos, Geovanny Tejada y Yolanda Jiménez, quienes representan a una parte de los parientes de la señora de León, calificaron el caso como un fraude colosal.
“Esa deuda de RD$36.00 fue inventada y además crearon otras por unos inmuebles que estaban en un solar municipal. Doña Luz María pagó todos sus servicios básicos y nunca se desvinculó de ningún pago. No solo le crearon esa deuda, sino que le crearon deudas en todos sus inmuebles para justificar el embargo”, afirmó la abogada Yolanda Jiménez.
Jiménez dijo que este caso ha sido el robo más grande cometido contra un ciudadano, con el apoyo del poder judicial, por medio de un juez que se prestó para que se cometiera ese irrespeto contra la dignidad de un cliente.
Por su lado, el jurista Geovanny Tejada sostuvo que los abogados se aprovecharon que la señora falleció, logrando investigar posteriormente los bienes dejados por María de León para remitir un poder a Coraasan, mediante un certificado de deuda que era en principio de RD$36.00, y la convirtieron en más de RD$800 millones.
“Hicieron un embargo de bienes inmobiliarios y tuvieron la complacencia de un juez que le adjudicó casi RD$1,000 millones en bienes cuando en realidad eran RD$36.00”, señaló.
Tejada vinculó del caso de estafa a los abogados Eduard Veras y Basilio Guzmán.
Por su lado, el abogado Jorge Ortega, del Departamento Jurídico de Coraasan, dijo que la señora Luz María de León tenía una deuda de RD$36.00 en la institución por el servicio de agua, y la entidad, había apoderado al abogado Eduard veras para el cobro compulsivo, un poder que habría sido dado por el entonces director general de corporación acuífera, Hamlet Otáñez en el año 2011.
“Pero mediante un proceso todo abortado por los tribunales con mucha complacencia por la parte ejecutante, el Juzgando de Paz de Santiago en virtud de una demanda en cobro en pesos que se realizó, se adjudicó una cantidad indeterminada de inmuebles que ascienden a más de RD$800 millones, en vez de los RD$36.00”, explicó.
Dijo que en ese momento Hamlet Otáñez había desautorizado al abogado Veras, pero que este subcontrató al abogado Basilio Guzmán, para que llevara a cabo todo el proceso.
“Esos abogados no se limitaron, porque se debió incautarse el domicilio donde vivía la señora de la calle Sabana Larga, pero ese inmueble estaba en nombre del acabildo”, dijo.
Jorge Ortega manifestó que Coraasan, en su momento, demandó la nulidad de esa adjudicación, la cual fue conocida en la Segunda Sala Civil de Santiago, pero que esta sala, supuestamente de forma complaciente falló a favor de los abogados Veras y Guzmán.
“Desde Coraasan asumidos el papel que debimos asumir en su momento y nosotros entendemos que eso procedía la anulación de esa adjudicación para que todo vuelva a su curso normal. El caso está en la Suprema Corte de Justicia que tomará posición al respecto”, explicó.
