La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional imputan a Octavio Dotel y a Luis Castillo de lavar inmuebles y bienes provenientes del narcotráfico vinculados a la red de César Emilio Peralta (a) César el Abusador.
De acuerdo con la documentación depositada por la fiscalía del Distrito Nacional, en la solicitud de medida de coerción contra Octavio Eduardo Dotel Díaz se le acusa de ser “uno de los principales colaboradores en el aspecto de lavado de activos” de la red criminal dirigida por César Emilio Peralta (a) César el Abusador y de utilizar “su condición de exjugador de béisbol profesional que le permite mover grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema financiero” para constituir empresas que sirvieron de fachada a los negocios ilícitos de la organización.
Según los documentos a los que Diario Libre tuvo acceso, contra Octavio Dotel se realizaron varias interceptaciones telefónicas en las cuales se le escucha hablar con una persona solo identificada como “Mascota” “montar un negocio de los que ellos saben”.
Según el Ministerio Público Octavio Dotel finge realizar transacciones financieras por cuenta propia, para disimular el origen ilícito del dinero obtenido del narcotraficante César Emilio Peralta, como puede observarse en algunas operaciones sospechosas, como la adquisición de una villa de lujo en el complejo turístico Casa de Campo en conjunto con Luis Antonio Castillo Donato (Luis Castillo).
Según el MP, pudieron constatar una compra de una villa en Casa de Campo a la empresa Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019 sobre la cual tiene dominio César Emilio Peralta (a) el Abusador que fue adquirida por ambos expeloteros en fecha del 15 de enero de 2015. El documento sostiene que una vez adquirido el contrato de venta definitivo para la vivienda por 30 millones de pesos, “Octavio Dotel y Luis Castillo suscriben además como acreedores de un supuesto préstamo por garantía hipotecaria por la suma de 1.6 millones de dólares con la misma villa puesta como garantía de la deuda, lo cual carece de sentido si ya habían adquirido la propiedad un día antes”.
El documento refiere que en otra carta de Costasur Dominicana S.A. de fecha del 29 de julio de 2019, a requerimiento de esta procuraduría especializada, se remite documentación sobre la propiedad de villa Barranca Este No. 26 y 26 en el sentido de que fue entregada copia del acta de la asamblea de fecha del 30 de julio de 2015 donde Luis Antonio Castillo Donato, también miembro de la estructura criminal, adquiere las acciones de C y U Dominicana, empresa propietaria del referido inmueble. Conforme al análisis de los documentos societarios, suscritos por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Octavio Eduardo Dotel Díaz posteriormente adquiere el control accionario de la referida empresa.
El Ministerio Público indica también que se han identificado dentro del patrimonio de Dotel Díaz múltiples propiedades inmobiliarias, vehículos y participación en el capital de varias sociedades comerciantes que forman parte del esquema de lavado de activos.
Dentro de la información reunida durante la investigación se identificó la sociedad comercial Inversiones Docla SRL, cuyo capital social es controlado por el imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz, empresa a través de la cual se ha pretendido ocultar bienes provenientes del narcotráfico y la cual tiene a su nombre alrededor de 30 inmuebles, ocho de ellos considerados como propiedades de lujo, consistentes en villas turísticas, apartamentos y penthouses, los cuales fueron secuestrados durante el allanamiento varios documentos que le atribuyen la propiedad.
De acuerdo con el Ministerio Público, en el allanamiento realizado en su residencia al imputado Octavio Eduardo Dotel Díaz se le ocupó un rifle corner shot csm 2858 con sus accesorios; una escopeta Mossberq No. T00.369; un revólver marca Smith and Wesson, color plateado con empuñadora color negro No. DAD6480 conteniendo en su interior cinco cápsulas; además de dos cajas de cápsulas conteniendo 50 cápsulas cada una de ellas, todos eso sin debida autorización del Ministerio de Interior y Policía en violación de la Ley 631-16.
Articulo publicado originalmente en el Diario Libre.
