Bartolo García
SANTIAGO.– Raúl Martínez, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP), solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) abrir una investigación sobre la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales en un proceso judicial que compromete el pago de RD$2,693.9 millones por parte del Estado dominicano.
El dirigente opositor formuló la petición luego de una investigación publicada por Diario Libre, según la cual una inactividad procesal habría provocado la perención de un recurso de casación presentado por Bienes Nacionales en un litigio relacionado con 117,937.80 metros cuadrados de terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
Martínez consideró que, debido a la magnitud de los recursos públicos involucrados, el caso no debe ser tratado únicamente como un error procesal. A su juicio, corresponde determinar quiénes tenían la responsabilidad de dar seguimiento al expediente, cuáles mecanismos de supervisión estaban establecidos y por qué transcurrió el plazo legal sin las actuaciones necesarias para mantener vigente el recurso.
De acuerdo con las informaciones citadas por Martínez, el Tribunal Superior Administrativo había establecido en RD$2,693,994,196.50 el monto a pagar a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales cuestionaba esa valoración y sostenía que el balance pendiente actualizado ascendía aproximadamente a RD$120.2 millones, diferencia que no pudo ser examinada por la Suprema Corte de Justicia debido a la extinción del recurso.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la FP sostuvo que esa diferencia, superior a RD$2,500 millones, aumenta la necesidad de realizar una investigación administrativa independiente. Indicó que debe establecerse si existieron fallas de supervisión, negligencia u otras actuaciones que pudieran generar responsabilidades, además de determinar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas oportunamente sobre la situación.
Martínez hizo referencia a la sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de agosto de 2026, que confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual fue declarado extinguido el recurso. Según las informaciones reseñadas sobre el fallo, durante tres años no se habría realizado la actuación procesal necesaria para impulsar el expediente y evitar su perención.
Finalmente, Raúl Martínez exhortó a la DIGEIG a actuar de oficio y ofrecer al país los resultados de una investigación sobre lo ocurrido, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se manejó un proceso judicial que involucra una suma cercana a los RD$2,700 millones. “Los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos”, expresó el dirigente, quien insistió en que deben identificarse las responsabilidades correspondientes.
