Bartolo García
Santiago.– La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) expresó su preocupación por la aprobación acelerada en el Senado de la República de una nueva modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa fue conocida sin un proceso amplio de consulta ni un análisis técnico de su impacto sobre los sectores productivos.
La presidenta de la entidad, Hilsa López Olivares, explicó que el comercio mayorista constituye un eslabón esencial de la cadena de abastecimiento nacional, ya que opera con altos volúmenes de facturación, pero con márgenes de rentabilidad que, en muchos casos, no superan el 2 % de las ventas, lo que limita su capacidad para absorber nuevas cargas económicas.
La dirigente señaló que el sector también ha tenido que enfrentar un incremento en los costos fiscales y operativos, incluyendo el aumento del impuesto corporativo al 30 %, el impuesto a los débitos bancarios de 0.20 % y otras obligaciones regulatorias que, según afirmó, reducen la capacidad de inversión, crecimiento y generación de empleos.
En un comunicado, AMAPROSAN destacó que el comercio mayorista genera miles de empleos directos e indirectos y constituye la principal fuente de abastecimiento y financiamiento del pequeño comercio dominicano. En ese sentido, advirtió que debilitar este sector podría afectar la cadena de distribución que garantiza el suministro de productos a miles de familias en todo el país.
La organización hizo un llamado a la Cámara de Diputados y al liderazgo político nacional para que revisen la estructura tarifaria propuesta en la reforma y promuevan un modelo de contribuciones sustentado en criterios técnicos, de equidad y justicia ambiental, donde la responsabilidad se determine por el nivel real de generación de residuos y la huella ambiental de cada actividad económica, y no únicamente por el volumen de ingresos.
Finalmente, AMAPROSAN reiteró su disposición de participar en un diálogo abierto con las autoridades y los sectores involucrados para construir una legislación ambiental equilibrada que proteja el medio ambiente sin comprometer la competitividad ni el desarrollo económico de la República Dominicana.
