Reynaldo Peguero
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La actual coyuntura de riesgo, marcada por lluvias intensas y eventos de inundación que han afectado a amplios sectores de la población, encontró a la Dirección General de Supérate con una capacidad de respuesta ya fortalecida. No se trató de una reacción improvisada, sino del resultado de un proceso previo de preparación institucional, liderado por Mayra Jiménez, que permitió actuar con rapidez, eficacia y enfoque en los más vulnerables.
Antes de que se manifestaran las recientes tormentas, la directora de Supérate había gestado un amplio recorrido territorial por diversas provincias del país. A través de asambleas comunitarias y espacios participativos, se levantaron diagnósticos directos sobre las condiciones de vida de las familias beneficiarias y el servicio de SUPÉRATE efectuado.
Este ejercicio permitió identificar brechas, ajustar mecanismos de intervención y fortalecer la inclusión, la equidad y el desarrollo integral desde una gestión social cercana, eficiente y orientada a resultados.
Lejos de cualquier improvisación, este proceso evidenció una estrategia de fortalecimiento institucional basada en la escucha activa, la participación social y la corrección inmediata de debilidades internas.
Esa “maquinaria aceitada” es la que hoy permite respuestas oportunas frente a emergencias que afectan la salud, la seguridad y la vida de miles de personas.
La trayectoria de Mayra Jiménez aporta contexto a esta capacidad de gestión. Su participación en el sector social, su rol en el Diálogo Nacional promovido por Monseñor Agripino Núñez Collado en la PUCMM, así como su experiencia en organizaciones sin fines de lucro y en la función pública, configuran un perfil con sólida base en políticas sociales y concertación multisectorial. A ello se suma su desempeño como ministra de la Mujer, donde impulsó acciones relevantes en la lucha contra la violencia intrafamiliar.
Para quienes han seguido su trayectoria, su designación al frente de Supérate representa una continuidad en su compromiso con la inclusión social y el desarrollo humano. Bajo su gestión, la protección social se concibe no como una política asistencialista, sino como un instrumento de dignificación y generación de capacidades.
Un elemento destacable ha sido la dinámica participativa impulsada en procesos recientes de reestructuración del programa. En espacios desarrollados, por ejemplo, en Santiago, junto a juntas de vecinos, organizaciones de mujeres y autoridades locales, se promovió un modelo horizontal donde los propios beneficiarios identificaron problemas y propusieron soluciones. Este tipo de gobernanza colaborativa fortalece la legitimidad y efectividad de las políticas públicas.
Este enfoque cobra mayor relevancia en un contexto nacional caracterizado por crecimiento económico sostenido y mejoras en indicadores sociales. Según organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CEPAL, la pobreza extrema se ha reducido a niveles cercanos al 2.2%, mientras la pobreza monetaria general ronda el 17.3%. Estos avances plantean un desafío clave: transformar la protección social en una plataforma de movilidad económica que permita a las familias salir de la vulnerabilidad de manera definitiva.
En ese sentido, el reto no es únicamente asistir, sino integrar. Se trata de aprovechar la expansión económica, la generación de empleo y el fortalecimiento institucional para incorporar a miles de hogares a dinámicas productivas sostenibles. El objetivo final debe ser que cada vez menos ciudadanos dependan de transferencias y más logren autonomía económica con acceso a salud, educación y oportunidades.
La gestión de Mayra Jiménez apunta en esa dirección. Su enfoque combina sensibilidad social con visión estratégica, buscando conectar la política social con la creación de riqueza y la reducción estructural de la pobreza. En un entorno donde la eficiencia del gasto público y la transparencia son cada vez más demandadas, este tipo de liderazgo adquiere un valor significativo.
Más allá de la coyuntura, lo que está en juego es la consolidación de un modelo de protección social que trascienda lo inmediato y contribuya a cerrar brechas históricas. En ese proceso, la articulación entre Estado, comunidades y actores sociales seguirá siendo determinante.
