El sistema judicial dominicano dio un giro al proceso iniciado por un conflicto familiar que involucró denuncias de amenazas de muerte y agresión física, al disponer la conversión de la acción penal pública en una acción penal privada.
La medida fue adoptada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, tras evaluar una solicitud presentada dentro del plazo legal correspondiente conforme al Código Procesal Penal Dominicano.
Con esta decisión, el proceso deja de ser impulsado directamente por el Estado y pasa a quedar bajo la responsabilidad procesal de la parte querellante, quien deberá continuar las acciones judiciales en la vía privada.
En el expediente figuran como partes principales los hermanos Carlos Daniel Pellerano Paradas y Ricardo Antonio Pellerano Paradas, protagonistas del conflicto que dio origen a la querella.
El caso se remonta a abril de 2025, cuando Carlos Daniel denunció formalmente a su hermano por amenazas de muerte y agresión física ocurridas el 19 de marzo de ese mismo año.
De acuerdo con la querella, los hechos se produjeron al concluir una asamblea general de accionistas de un grupo empresarial celebrada en Santo Domingo, en medio de tensiones familiares y societarias.
Como parte de las diligencias iniciales, el Ministerio Público solicitó medidas de protección en favor del querellante, incluyendo una orden de alejamiento contra Ricardo Antonio Pellerano.
Tras la conversión de la acción penal, la defensa del acusado presentó una objeción formal, cuestionando la legalidad y procedencia de la medida dispuesta por el órgano persecutor.
Dicha objeción fue conocida el 4 de febrero de 2026 en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el tribunal decidió reenviar la audiencia para el 4 de marzo.
El aplazamiento fue concedido con el fin de que la defensa pudiera examinar a fondo el expediente y los fundamentos de la conversión del proceso.
No obstante, la parte querellante sostiene que la solicitud de prórroga responde a una estrategia de dilación, alegando que el imputado mantiene un patrón de litigación temeraria y uso abusivo de los mecanismos judiciales.
Según sus representantes legales, Ricardo Antonio Pellerano ha sido declarado litigante temerario en al menos seis ocasiones por distintos tribunales dominicanos, lo que, aseguran, evidencia un historial de maniobras destinadas a retrasar procesos y evadir responsabilidades judiciales.
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