Bartolo García
Santo Domingo.– El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó fuertes preocupaciones sobre el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) que se estudia actualmente en la Cámara de Diputados, asegurando que la propuesta “no endurece la lucha contra el crimen” y podría generar efectos negativos en el sistema judicial del país.
Domínguez Brito fue enfático al señalar que el texto sometido a discusión resulta “bastante flojo” y que, en lugar de mejorar la eficiencia, podría agravar los males que por años han afectado la justicia penal dominicana.
A su juicio, uno de los puntos más alarmantes es que la reforma haría aún más lentos los procesos judiciales, que ya enfrentan retrasos prolongados, sobre todo en casos de alto impacto para la seguridad ciudadana.
El exfuncionario advirtió que, además de la lentitud procesal, los costos de la justicia penal se incrementarían, afectando de manera directa a la población más vulnerable, que suele enfrentar mayores obstáculos para acceder a una defensa efectiva.
Domínguez Brito sostuvo que otro efecto preocupante sería el aumento de la población carcelaria preventiva. “Esta reforma provocaría que más personas de escasos recursos, acusadas de delitos menores, terminen en prisión por largos periodos sin condena”, señaló.
Recordó que el país ya enfrenta un grave problema de hacinamiento carcelario, especialmente en centros destinados a privados de libertad sin sentencia definitiva, situación que podría intensificarse si la reforma no se revisa de manera profunda.
El dirigente político destacó que, pese a los riesgos señalados, el aspecto más grave del proyecto es que mantiene espacios que facilitan la impunidad, especialmente para estructuras del crimen organizado, bandas de atracadores y redes delictivas que afectan la seguridad pública.
Domínguez Brito insistió en que la propuesta “no se concentra en los verdaderos problemas de la justicia penal” y que tampoco ofrece soluciones efectivas para enfrentar el crimen en un contexto donde la violencia y la criminalidad representan una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.
En ese sentido, lamentó que el proyecto no fortalezca herramientas clave de investigación, persecución penal y protección de víctimas, especialmente en delitos de alto impacto y criminalidad organizada.
El exprocurador señaló que la reforma debe enfocarse en modernizar el sistema, dotarlo de mayor capacidad técnica y garantizar que los procesos sean ágiles, transparentes y orientados a la reducción real de la impunidad.
Subrayó que, en vez de aportar soluciones, el proyecto podría crear nuevas trabas procesales, aumentar la burocracia y dificultar la obtención de condenas efectivas en casos de delincuencia compleja.
Domínguez Brito llamó a los legisladores a asumir con responsabilidad el análisis del CPP, tomando decisiones basadas en evidencia, en la experiencia de los operadores del sistema y en las necesidades actuales de la sociedad dominicana.
Pidió además que se escuchen las voces de fiscales, jueces, defensores públicos y especialistas en criminalidad, con el fin de construir un código moderno, funcional y coherente con los desafíos actuales.
Finalmente, reiteró que el país requiere una reforma procesal penal que fortalezca la persecución del delito, mejore la eficiencia judicial y garantice justicia para todos, especialmente para los sectores históricamente más desprotegidos.
Domínguez Brito concluyó subrayando que una reforma mal diseñada podría convertirse en un retroceso institucional y social. “La República Dominicana necesita un código que enfrente el crimen, no uno que lo facilite”, enfatizó.
