El empresario José Arturo Ureña Pérez, uno de los testigos del Ministerio Público en el caso Calamar, admitió haber recibido 500 millones de pesos por su participación en la estructura creada supuestamente en el Ministerio de Hacienda para el pago por expropiaciones de terrenos.
Dichos recursos los habría recibido mediante transacciones bancarias, según narra en el interrogatorio que le realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución de la Procuraduría, en las personas de sus titulares Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente.
Según Ureña Pérez, el dinero se lo transfería Fernando Crisóstomo, otro de los testigos del Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción que presentó contra los 20 detenidos en la Operación Calamar.
Entre los detenidos en esta operación figuran varios exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ellos los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
El inicio
A Crisóstomo, Ureña Pérez lo presenta, igual que lo hacen otros testigos que se describen en la solicitud de medida de corción, como la persona a través de quien se iniciaron los pagos irregulares que, según el Ministerio Público, se sustentaron en expedientes incompletos y/o con informaciones falsas.
Narró que supo de una operación para pagos de expropiaciones por un comentario de Ramón Emilio Jiménez, quien, más adelante, le habría indicado que tenía de contacto al ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Y aunque dice no tener una participación activa en la selección de los expedientes que soportaban los pagos, admite que tanto él, como Crisóstomo y Jiménez eran parte de la estructura formada para los cobros.
En otra de las presuntas irregularidades que se habrían cometido desde el Ministerio de Hacienda en la que Ureña Pérez también tuvo participación fue en el cobro a bancas de lotería y de apuestas y colmados con máquinas tragamonedas.
A esos establecimientos se les cobraba montos que, al inicio, iban desde los RD$3,000, de acuerdo al testimonio que ofreció.
“Pero, luego, eso tuvo cambios, porque no todas las bancas pagaban tres mil pesos, y no era un monto estático, y yo no manejaba los detalles de esa parte”.
En declaraciones a Diario Libre, varios legisladores que son dueños de bancas de apuestas, admitieron los pagos que hacían y se quejaron del efecto que éstos tuvieron en sus negocios. Aseguran que, mensualmente, debían pagar millones de pesos. En el interrogatorio, de 18 páginas y 62 preguntas, Ureña admitió que formó parte de la estructura para la gestión de los referidos cobros y que recibió unos 38 millones de pesos por su participación. Dijo que el dinero se lo entregaba Jiménez, al final o principio de mes, en efectivo y en la oficina de este.
No aportó para campañas
Cuestionado si del dinero que recibió tuvo que aportar algo para campañas políticas, Ureña Pérez aseguró que no. Pero afirmó ante los investigadores que Jiménez decía que entregaba dinero para fines electorales y que lo había entregado a Gonzalo Castillo.“Nunca lo acompañé. Él siempre entregaba más de lo que nos repartíamos nosotros, pero no puedo precisar la cantidad, porque ese no era mi campo”, sostuvo.
