La economista Clara González consideró que la debatida Ley de Fideicomiso Público, figura que tuvo su origen con la Ley 189-11 de Mercado Hipotecario, es conveniente y necesaria para el país porque funciona como un instrumento que favorece la inversión y el ahorro, y República Dominicana ya cuenta con los mecanismos de transparencia y fiscalización para la rendición de cuentas.
En ese orden, señaló que a los fines de las inversiones, en caso de que sean de oferta pública, su supervisión estará a cargo la Superintendencia de Valores, Pensiones o Bancos porque todo dependerá de la naturaleza de las inversiones.
Asimismo, expresó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y los diferentes comités internos son entidades que juegan un rol fiscalizador de cara a los intereses públicos, y en el caso de requerir más información sobre este tema, aplica la ley de Libre Acceso a la Información Pública.
“Lo que corresponde es normar mediante reglamento las competencias de cada entidad y cómo se armonizan y lo más importante, organizar una adecuada gobernanza para los diferentes fideicomisos que se articulen a partir de la aprobación de la ley”, puntualizó en el programa “Econométrica”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
“El objetivo final y muy particular que tienen los fideicomisos públicos es que el beneficiario es el pueblo dominicano, porque los activos que se transfieren, aunque sea en alianza público privada en su mayoría lo aporta el gobierno, y sí hay aportaciones del sector privado está alianza beneficia al país optimizando la generación de empleos, la inversión, transferencia de tecnología y el desarrollo nacional”, sumó.
Consideró que en este caso corresponde un manejo abierto y periódicamente sean auditados y calificados por la agencias competentes para el seguimiento de los indicadores de desempeño y eficiencia de la actividad que se trate.
González reiteró que esta ley es conveniente para el desarrollo de grandes obras de infraestructura intensivas de capital, y espera que el proyecto pase del debate político al debate técnico, a fin de que siga avanzando en el Senado.
