Buenas noticias para millones de latinoamericanos: entra en vigor de forma definitiva la polémica y discutida Ley de Memoria Democrática, que ha sido publicada el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en España.
La nueva normativa tiene como objetivo, tal y como afirmaba ayer jueves el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, “saldar una deuda con las víctimas y equiparar el país con las democracias más avanzadas que han sufrido dictaduras”, y permitirá a muchos ciudadanos de América Latina adquirir la nacionalidad española si sus antepasados la perdieron por las difíciles circunstancias que vivieron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en el país.
Concretamente, la Ley recoge en su disposición adicional octava los grupos de extranjeros que podrán solicitar la nacionalidad española, grupos que están designados con un objetivo claro de dignificar la memoria de las víctimas.
Así pues, tendrá derecho a la nacionalidad española toda persona nacida fuera de España y que cuente con un padre, madre, abuelo, o abuela originariamente española —que hubieran perdido o hubieran renunciado a ella como consecuencia de un exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, o de orientación e identidad sexual.
También podrán acceder a la nacionalidad española los descendientes de una mujer española que hubiese perdido su nacionalidad por casarse con una persona extranjera antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y los hijos o hijas mayores de edad de ciudadanos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen con la Ley de Memoria Histórica de 2007, en virtud del derecho de opción, e incluso a los hijos/as de quienes hubieran adquirido la nacionalidad española con la nueva ley de Memoria Democrática.
Para beneficiarse de esta nueva ley, se contará con dos años para realizar la tramitación desde el momento en el que se apruebe la normativa, aunque existe la posibilidad de que se amplíe el plazo por un año más.
Por otro lado, la documentación necesaria será poca, sencilla y no necesitará de unos procesos burocráticos extenuantes, ni de largas esperas, pues sería una contradicción por parte del poder legislativo querer dar un paso adelante en la convivencia entre españoles exigiendo el cumplimiento de un trámite burocrático complejo para miles de personas. Por ese motivo, la documentación que deberán ponerse en marcha a buscar los latinoamericanos que consideren que puedan cumplir con alguno de los requisitos expuestos anteriormente, no son más que los siguientes:
- El certificado de nacimiento del interesado
- El certificado de nacimiento del padre, madre, abuelo, o abuela, expedida por un registro civil español —pudiendo ser sustituido, de haber nacido antes de 1870, por un certificado español de bautismo
- Los documentos, que deberán probar las razones que llevaron al exilio o migración, además de la pérdida o renuncia a la nacionalidad española
El interés del Gobierno español por preservar la memoria de las víctimas de todas las partes del mundo es justo para resarcir el daño que muchos latinoamericanos (previamente españoles) sufrieron al prestar servicios para la lucha por la consolidación de los valores democráticos y que se vieron sometidos a perjudiciales cambios en su estado civil por vivir en España bajo un ordenamiento jurídico dictatorial que violaba todo principio de legalidad posible.
Esta Ley se inspira, en las acciones humanas propias de cada tiempo y no debemos olvidar los miles de españoles que emigraron a países de América Latina durante los virulentos años que duró la Guerra y la dictadura: sometidos a una censura material y moral, viéndose anulada su libertad de pensamiento y expresión y provocando que sus descendientes perdieran toda posibilidad de continuar con sus raíces y adquirir la nacionalidad española por orden de Franco.
La nueva Ley de Memoria Democrática servirá para conocer el pasado y asumir que España fue uno de los países con mayor índice de emigrantes forzosos y exilio hacia América Latina durante el siglo XX, quienes abrieron las fronteras de sus países a los que huían de las dictaduras fascistas en toda Europa. El Estado español ofrece, con esta ley, un nuevo cauce legal que da la mano a Iberoamérica, y ratifica los lazos humanos, históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y lingüísticos con la región, devolviendo a los familiares de los exiliados la oportunidad de reconocer su patria originaria común.
