Un tribunal confirmó el martes una práctica del gobierno federal que lleva décadas y que permite la inserción laboral de los titulares de visas de estudiante
Un tribunal de apelaciones dividido de Estados Unidos confirmó una práctica del gobierno federal que lleva décadas y que permite que los titulares de visas de estudiante permanezcan en los Estados Unidos y trabajen después de graduarse, rechazando las afirmaciones de un grupo de defensa de que el programa desplaza a los trabajadores tecnológicos estadounidenses.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para Washington DC, en una decisión de 2 a 1, dijo que un programa actualizado por última vez en 2016 que permite a los estudiantes internacionales trabajar en su campo de estudio durante un máximo de tres años estaba dentro de la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para establecer las condiciones de la estancia de los inmigrantes en el país.
Tras la decisión judicial, la Universidad de Georgetown celebró el fallo. En un comunicado aclaró que junto a otras casas de estudios firmaron “un informe amicus en apoyo de la autorización temporal de empleo para los estudiantes internacionales, reforzando la importancia de que los estudiantes adquieran experiencia práctica en su campo mientras están en los Estados Unidos”.
“En un panorama mundial de educación superior cada vez más competitivo, la OPT es un punto fuerte de Estados Unidos”, dijo Thomas Banchoff, vicepresidente de Georgetown para el compromiso global, en el escrito.
Banchoff además resaltó que “la oportunidad de combinar la educación formal con la experiencia laboral es un imán para los estudiantes con talento del extranjero, y nos complace ver que el tribunal mantiene un precedente de 75 años que permite a nuestros estudiantes seguir aplicando sus talentos, sus fortalezas y sus habilidades, un beneficio inconmensurable para este país y nuestro mundo”.
El comunicado también destacó que “el gobierno federal ha permitido a los estudiantes realizar prácticas desde la década de 1950, y que los estudiantes internacionales contribuyeron con casi 39 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos durante el año académico 2019-2020″.
Un edificio de la Universidad de Howard (REUTERS/Sarah Silbiger)
“Incluso nuestros mejores estudiantes tienen un límite sobre lo que pueden aprender en el aula; luego deben probar y profundizar estas lecciones en el mundo real”, dijo en el escrito Victor Cha, profesor y vicedecano de facultad y asuntos de posgrado en la Escuela Walsh de Servicio Exterior. “La oportunidad de realizar prácticas, empleo o investigación es fundamental para su desarrollo como futuros líderes en una comunidad mundial más globalizada para las generaciones venideras”, agregó.
En tanto, un ex alumno de Georgetown y participante del OPT fue citado en el comunicado: “Mirando hacia atrás, puedo decir con confianza que el OPT me dio la oportunidad de completar mi educación en Georgetown porque me permitió obtener una muestra de lo que significaba trabajar ‘de verdad’, y en DC. Realmente espero que otros estudiantes tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Basándome en mi propia experiencia, y en la de mis compañeros, sé que sería lo mejor para los Estados Unidos y el país de origen de los estudiantes”.
Según informó Georgetown, las universidades que se unieron al amicus brief argumentaron que si se revocava la medida “la educación que recibirán los estudiantes internacionales en Estados Unidos será menos sólida, y la capacidad de los colegios y universidades estadounidenses para atraer y educar a los mejores y más brillantes de todo el mundo disminuirá”.
El caso
La Alianza de Trabajadores Tecnológicos de Washington (Washtech), que representa a los trabajadores tecnológicos estadounidenses, impugnó el programa de Formación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés) después de que el gobierno de Barack Obama lo modificara en 2016 para permitir a los estudiantes trabajar en Estados Unidos durante un máximo de tres años.
Los principales grupos empresariales, entre ellos la Cámara de Comercio de EEUU y la Asociación Nacional de Fabricantes, habían intervenido en el caso en defensa del programa OPT, que dicen que ayuda a las empresas a hacer frente a la falta de trabajadores estadounidenses calificados.
Alguna versión de OPT ha existido desde 1947, y la regla de 2016 permite al DHS extender los permisos de trabajo para los estudiantes en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática hasta dos años más allá del período típico de un año. Alrededor de 100.000 personas completan el programa OPT cada año.
Washtech impugnó el programa ante un tribunal federal de Washington. El grupo alegó que la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no permite que las personas conserven el estatus de visado de estudiante una vez que se han graduado y no les autoriza a trabajar en Estados Unidos.
Washtech dijo que el programa OPT había creado una mayor competencia por los puestos de trabajo en el sector de la tecnología, lo que a menudo dejaba fuera a los trabajadores estadounidenses.
El juez de distrito estadounidense Reggie Walton dijo el año pasado que la INA era ambigua en cuanto a si la condición de visado de estudiante abarca la formación práctica de posgrado. Pero dijo que el DHS en la norma de 2016 ejerció correctamente su poder para establecer los términos de una visa de estudiante, y desestimó la demanda.
El Circuito de la Columbia Británica estuvo de acuerdo y rechazó la apelación de Washtech. El programa OPT tiene un claro valor educativo para los participantes, por lo que es una extensión natural de los programas de visado de estudiante operados por el DHS, escribió la jueza de circuito Cornelia Pillard, a la que se unió el juez de circuito David Tatel.
En desacuerdo, la jueza de circuito Karen Henderson dijo que la capacidad del DHS para establecer condiciones en las visas de estudiante está limitada por la INA, que dice que una persona debe ser un “estudiante de buena fe” para ser elegible para una visa.
