Santo Domingo.- Un grupo de juristas, encabezados por Jesús Caldera Infante, Pedro Duarte Canaán, Francisco Manzano y Trajano Potentini, coincidieron en el fracaso del derecho penal, como herramienta efectiva para la persecución del crimen organizado, tras abogar por un modelo de justicia restaurativa que arroje mejores resultados y estadísticas de casos judicializados y dineros recuperados.
Las consideración de los letrados se realizaron en el marco de la celebración de un panel especializado sobre “La Imputación Objetiva y el Rol del Ministerio Público en la Persecución Penal”, auspiciado por la escuela de liderazgo, formación cívica y jurídica de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que dirige Cándido De Jesús, con la asistencia un nutrido grupo de abogados y periodistas, donde plantearon los retos y escollos del sistema de justicia penal, de cara al combate y persecución de la delincuencia.
De su lado, Potentini, valoró e instó al Ministerio Público (MP), a encaminar y lograr acuerdos estratégicos con posibles justiciables, que le permiten ampliar la cobertura punitiva, sobre todo tomando en cuenta la experiencia y modus operandis de la justicia norteamericana que procura siempre conseguir elementos probatorios sólidos para armar otros casos y garantizar condenas.
En ese sentido, sugirió al MP integrarse a los procesos de negociaciones que en la actualidad llevan a cabo los Estados Unidos, con personas acusadas de lavado de activos y narcotráficos, a los fines de poder recobrar evidencias y testimonios, los cuales posteriormente facilitarían otros juzgamientos, de posibles imputados, hoy cobijados con el manto de la impunidad.
Mientras que, Caldera Infante, destacó que se trata de una actividad de pedagogía jurídica sobre la limitación de la responsabilidad penal en la investigación que adelanta el Ministerio Público (Fiscalía), de Colombia, cuando en el resultado del hecho punible han incidido circunstancias personales (hecho de la víctima, por ejemplo) o del entorno o escenario donde se despliega la conducta antijurídica que debe ser analizada más allá de la mera relación de causalidad o del elemento subjetivo (dolo, culpa, etcétera) del autor del hecho, en consecuencia abogando por un modelo de justicia restaurativa que logre el fin de la justicia en la reparación efectiva del daño causado.
A su vez, Duarte Canaán, crítico el crecimiento descomunal del catálogo de tipos penales existente en el país, una especie de híper inflación punitiva, todo ello ligado al uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva como regla, apartándose de la verdad interina que debe acompañar a todo imputado, que se llama presunción de Inocencia, un principio cardinal del derecho constitucional, inobservado y conculcado reiterativamente por nuestras autoridades judiciales.
Igualmente, entiende que, es tiempo de instaurar en concordancia con la filosofía del Código Procesal Penal (CPP), lamentablemente contrareformado en el 2015, una mecánica efectiva de justicia restaurativa o compasiva, que mejore las capacidades y eficiencia del Ministerio Público, incluso reivindicado como metodología científica de la persecución penal, figuras como la mediación, la conciliación y hasta el arbitraje, entre otras tantas acciones que plantea el CPP, para la solución alternativa de los conflictos, en aras de lograr resultados efectivos y reales.
En ese mismo orden, favoreció que el Ministerio Público procure, ante la falta de una ley de extinción de dominio, la realización de acuerdos para recobrar grandes sumas de dineros y el reconocimiento de culpabilidades, sobre todo sin someterse a durar años y años de lucha en los tribunales, como los casos Odebrecht, Tucano, entre otros, sin definición hasta el momento, y estadísticas permanentes que dan cuenta del fracaso, de no recuperar, ni siquiera, el 1 % de lo presumiblemente robado.
En tanto, Manzano, presentó su ponencia, clasificando los delitos de corrupción, y cómo el neoliberalismo limitó el rol y capacidad del Estado, dejándole una labor de mera supervisión, también hizo énfasis en el impacto y componente económico de la persecución criminal, graficando el fracaso del derecho penal extremo, en el caso de Baninter, cuyo juzgamiento y resultados, después de décadas, le costó al país más de RD$76,000 millones, los cuales, hasta el momento, solo se han podido pagar escasamente los intereses, quedando la deuda todavía intacta, pese a haber transcurrido casi 20 años.
Igualmente, se mostró de acuerdo con un modelo de justicia restaurativa, aunque explicó la desigualdad abismal que existe en el sistema de la política criminal a nivel del presupuesto con miles y miles de millones para la persecución, además de deplorar la falta de tipos penales en la ley de contrataciones públicas, sin duda un escollo que dificulta la labor del Ministerio Público.
