Por Luís Céspedes Peña
Muchos países de Europa, así como el poderoso Estados Unidos, pusieron en práctica las emergentes, pero equivocadas políticas neoliberales de los años 80, las cuales crearon, ya a partir de los 90, muchas expectativas entre gobiernos de América Latina, bajo la orientación de los más fuertes, que decían que la privatización de las empresas de los Estados mejoraría las economías, porque evitaba el despilfarro de dinero.
¡Pero qué equivocados estaban y están los que siguen esa falsa orientación! Al joven gobernante Leonel Fernández Reyna (1996-2000), le correspondió aplicar el grueso de las políticas neoliberales, bajo una inmensa presión de la totalidad de los gobiernos de Europa y Estados Unidos, los cuales se impusieron con el pretexto de que no había razones valederas para que los Estados tuvieran empresas productivas.
Pero hay que decir que la presión de grandes Estados financieros contra Fernández Reyna no fue un jueguito, debido a que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y demás instituciones financieras extranjeras, le advirtieron al gobernante dominicano que de no aplicar esas políticas neoliberales, ningún organismo extranjero le prestaría un centavo a la República Dominicana. ¡Y así se impusieron los más poderosos de la tierra!
¿Qué Presidente joven, sin ninguna experiencia de Estado, soportaba esa presión? En varios artículos que escribimos en 1998, le advertimos al Presidente Fernández Reyna que no cediera a las presiones internacionales sobre el proceso de privatización de las empresas del Estado, porque el daño sería peor que los beneficios. ¡Y así sigue ocurriendo! Pero con esa presión, nuestra posición era más para alentar a Fernández Reyna para que cogiera fortaleza, no pendiente de que eso iba a suceder.
Fernández Reyna, con todas las presiones internacionales y un sector del empresariado que se iba a Estados Unidos a exigir presionar al gobernante dominicano con la privatización de empresas del Estado, como ocurrió con la privatización de parte de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), de ingenios públicos y demás instituciones que integraban la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), también eliminada. ¡Pero el anterior Presidente, Joaquín Balaguer, lleno de experiencias, resistió las presiones!
Pero ¿qué ocurrió en la mayoría de países de Europa y Estados Unidos? Que se dieron cuenta que las políticas neoliberales eran contrarias a los intereses de la mayoría de sus pueblos y las dejaron sin efecto, comenzando por España o Estados Unidos, que fueron de las naciones que hicieron más presiones en República Dominicana u otros países de América Latina.
En todos los países que se aplicaron las políticas neoliberales, creció el desempleo y aumentó crisis económica. Ésta fue acentuándose y en el 2008 provocó la quiebra masiva de bancos comerciales, industrias, empresas e instituciones de diferentes géneros, especialmente en Estados Unidos, que sabiamente promovió las firmas de Tratados de Libres Comercios con varios países de América Latina. ¡Pero no cumplió con desmontar los subsidios a favor de los productores, cuyo retiro sacó de competencia a éstos y luego la quiebra de millares de ellos!
Los productores europeos y norteamericanos otra vez con los subsidios, sacaron de competencia a los latinoamericanos. ¡Y así estamos! Debemos admitir que la política de apoyo a la inversión privada desarrollada por el gobierno de Danilo Medina fue exitosa, lo que contribuyó con el fortalecimiento de la economía, el control equilibrado de los precios y el mejoramiento del nivel de vida de los sectores más necesitados. El gobierno actual debe reforzar el sector productivo para poder enfrentar esta gran crisis, provocada por la pandemia del coronavirus.
Pero en la República Dominicana, el gobierno del Presidente Luís Abinader, constituido por empresarios e inversionistas en los puestos de mandos, parece que no resiste las presiones de los que hicieron muchas “inversiones” a favor de su triunfo electoral, por lo que restableció las políticas neoliberales. Pero la eliminación de instituciones haciendo el mismo trabajo, fue una iniciativa del gobierno de Medina.
La Comisión de Liquidación de Empresas del Estado, ya admitió que parte del personal de la abolida Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), como otras que sufrirán la misma consecuencia, será liquidado. La mayoría de los cancelados, como ya está sucediendo, tiene más de 50 años, por lo que les será muy difícil reintegrarse al sistema laboral, además de quedar sin seguro médico.
En el gobierno de Fernández Reyna se privatizó el 51% de la CDE y ahora los tentáculos están puestos sobre la moderna empresa generadora eléctrica Punta Catalina, que una parte pasará al Ministerio de Energía y Minas. La otra parte será administrada por un Fideicomiso. O sea, un grupo que a final de la jornada se encargará de seguir con el proceso de privatización.
Tendremos más desempleo, más carestía en el precio de la electricidad, que ya los campesinos no tendrán subsidios rurales, porque esa parte fue eliminada, y en lo adelante las empresas del género, como EDENORTE, les venderá el kilo igual que a los ricos.
Pero la buena noticia es que la República Dominicana, con robos y más robos en el Estado, todavía tiene suficiente resistencia para pagar las deudas. Hay que destacar que las inversiones del gobierno del Presidente Danilo Medina (2012-2020), básicamente en los sectores agropecuarios e industriales, fortalecieron el sistema económico, aunque todo parece que ese gobernante se descuidó en la vigilancia de la mayoría de altos funcionarios, en materia de administración.
Eso ya tiene un costo político para su persona y el PLD, aunque la totalidad de los actuales gobernantes va por el mismo camino del desfalco. El Presidente Abinader tiene una visión clara de lo que significa perder el honor y está sometiendo a la Justicia a cualquier funcionario que le robe al Estado, sin importar que eso afecte su futuro político.
Joaquín Balaguer creó varias Leyes de Incentivos a favor de los empresarios, industriales y el sector agropecuario, pero no privatizó las empresas del Estado, porque las mismas eran fuentes laborales que se sumaban a la producción, sin importar las llamadas “botellas”. Si el éxito del gobierno es el de no tener empresas para emplear a millares de personas, fundamentalmente políticas, ¿dónde está el dinero ahorrado de las que ya están privatizadas o si está invertido en otras áreas productivas?
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), desmantelado por el actual gobierno, era el que se encargaba de recibir el dinero del 49% de la no privatización de entidades públicas, porque el 51% pasó al sector privado. Aún con los desfalcos que supuestamente ocurrieron, era mejor que ahora, porque con el dinero que quedaba se construían cientos de medianas y pequeñas obras a favor de comunidades en todo el país.
Es importante decir que aunque no fue una política global, la primera venta de bienes del Estado comenzó en el régimen del fallecido Presidente Salvador Jorge Blanco, cuando en la década de los 80 vendió un lote de terreno en Montellano, cuyo dinero fue usado para pagar una deuda pública.
