¡La PCR debe realizarse por indicación Médica, y asumida por las ARS!
El Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) sorprendieron negativamente a la nación, las entidades y profesionales de la salud con la errada y excluyente decisión de limitar a una sola prueba PCR anual, obviando “los desafiantes niveles de propagación y gravedad” del COVID-19.
Peor todavía es permitir que las ARS reciban un incremento de sus lucrativas ganancias, al no cubrir las pruebas de COVID-19 y cargar con ello al Estado. Alianza País considera inaceptable que el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, protejan las Aseguradoras. Más inequitativo aún es que la población tenga que asumir de su bolsillo, el alto costo de la prueba PCR y de antígenos, cuyos costos pueden ascender a más de $8,000.00 pesos.
La Comisión Nacional de Salud de Alianza País considera que la situación que llevó a la OMS a declarar la pandemia de COVID-19 no ha variado. En el país persiste la situación epidémica, la circulación autóctona del coronavirus, y la importación de nuevas cepas del extranjero por la apertura de los viajes internacionales y la inexistencia de controles rigurosos y pruebas a viajeros que tocan los aeropuertos del país, especialmente países de cielos y puertos abiertos como es la República Dominicana.
La Comisión Nacional de Salud de Alianza País entiende prudente que cuando los órganos del Estado dominicano, ocupados de la pandemia tomen medidas que afecte la colectividad, hagan la debida consulta con los expertos y los sectores políticos y sociales, antes de tomar dichas decisiones, que afectan la salud de toda la población.
Las recomendaciones de la OMS de limitar las pruebas de PCR, como parte de la hoja de ruta se refieren únicamente a los pacientes diagnosticados y tratados clínicamente. Pero las pruebas diagnósticas no se indica solamente a pacientes contagiados, sino que tienen una función de detección y trazabilidad del virus, sobre todo dirigido a los sospechosos y contactos, para romper la cadena de contagios vírica, resaltaron los especialistas de salud de Alianza País.
Alianza País considera inequitativas, peligrosas y excluyentes las resoluciones del Ministerio de Salud y la SISALRIL. Desde el punto de vista de la salud pública global, de la dinámica de contagios y de las evidencias y conocimientos del riesgo de transmisión de la pandemia, la cual está activa, y con un repunte en las últimas dos semanas.
Todos los organismos de expertos recomiendan el rastreo de contactos, como forma de gestionar los brotes y rebrotes que ocurren de manera frecuente en esta pandemia. Recalcaron los profesionales de la salud aliancistas, que el mundo vive una sucesión de oleadas de contagios, oleadas de las cuales no estamos libres, y la prueba de PCR sigue siendo la mejor herramienta de vigilancia en salud pública. La RT-PCR es la prueba recomendada tanto para el diagnóstico como para el seguimiento epidemiológico. Por ello es absurdo y peligroso, además inequitativo, la limitación establecida por el gobierno.
La RT-PCR es la técnica molecular altamente sensible y específica estandarizada para el diagnóstico de SARS-COVI-19, es la técnica de referencia, aprobada por la OMS para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19 de infección activa en pacientes sintomáticos y en asintomáticos, y en la búsqueda activa de casos.
El Gobierno, al decidir no continuar asumiendo los costos de la Prueba RT-PCR, en lugar de limitar estas pruebas a una vez al año por persona, y cargar los costos a la ciudadanía, debió decidir a través de los mecanismos de la seguridad social que sean las ARS que asuman esos costos, cuando es claro que una pandemia activa expone a la población de forma permanente al contagio.
Finalmente, los facultativos de Alianza País que debe permitirse las pruebas que ameriten los ciudadanos, con fundamento clínico y de salud pública, que las pruebas deben ser cubiertas por las ARS que en medio de la pandemia han obtenido ganancias fabulosas. Estos así, porque la gestión efectiva de la pandemia implica la detección precoz de los casos compatibles con COVID-19, la vigilancia, monitoreo y generación del conocimiento y la información comunitaria para la toma de decisiones.
