Pasanda revista
Por Rafael Polanco
Periodista y politólogo
En el país se ha convertido en una tradición que en cada cambio de gobierno se produzcan cancelaciones por montones que ahora le llaman desvinculaciones y para ejecutarlas los nuevos funcionarios no toman en cuenta si el afectado cumple con su labor, si está enfermo o si, por los años, merece ser jubilado o pensionado.
En lo que si no les tiembla el pulso es en burlarse de los cancelados, negándoles sus prestaciones, pagándolas a cuenta gota o cuando se les viene en gana.
Hay empleados de hasta 40, 35, 30, 25 y 20 años a quienes los desvinculan y les dicen “solo te toca el pago de tus vacaciones”, entonces la gente acude al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Administración Pública (MAP), en busca de gestionar se les reconozcan sus derechos.
Conozco casos de empleados cancelados que han acudido al MAP, en donde pasan una odisea, pues como son tantos los que acuden en masa y, al parecer, en esa dependencia no se han establecido procedimientos para atender esos casos y las personas pasan las de Caín para ser recibidos.
Una vez logran acceso, les calculan sus prestaciones y les mandan a la Contraloría a buscar una certificación del tiempo laborado al servicio del Estado, en ese lugar hay establecido un orden, pues la gente llega, hace una fila larguísima, pero sale con un papel que les dice que vuelvan en 40 días a buscar la certificación.
Observando esa situación me surge una interrogante: ¿de qué modernismo del carajo es que hablan los funcionarios públicos, pues parece que a la Contraloría el cambio no ha llegado en esa materia? ¿Qué dice sobre el particular el señor Luis Delgado, titular de esa dependencia?
Observé un caso donde el cancelado llegó a la Contraloría con un oficio de la institución donde laboraba que dice la fecha de ingreso y cuando fue desvinculado, entonces, por qué diablo tienen que durar 40 días para entregarle la bendita certificación para tramitar en el MAP el reclamo de sus prestaciones.
Refiriéndose a esa situación, el licenciado Darío Castillo Lugo, titular del MAP, informó que el retraso en pago de prestaciones a empleados públicos se da por el mal manejo en el uso de la tecnología de las instituciones, por malas prácticas, improvisaciones y resistencia a usar esa tecnología.
“Las instituciones no le dan a tiempo el aviso de la cancelación, de la desvinculación. Segundo las instituciones no usan un sistema informático que hay para hacer los cálculos”, explicó Castillo Lugo y yo le pregunto, si usted conoce la situación, ¿qué hace para superar esas deficiencias y evitarles tantos inconvenientes a los cancelados?
Agregó que “los empleados públicos no tienen que ir al MAP necesariamente, porque hay un sistema que se llama Declasoft, mediante el cual el departamento de Recursos Humanos de la institución del empleado desvinculado accesa a ese sistema, introduce las informaciones del servidor y le salen los cálculos”.
¿Señor ministro, si eso es así, porque usted no se ocupa de que ese sistema se aplique para evitar que los funcionarios gubernamentales sigan poniendo de mojiganga a tantos trabajadores botados de sus empleos, a quienes rehúsan pagarles las prestaciones que les corresponden?
Tiene toda la razón cuando dice que los cancelados deben hacer sus trámites en su institución, en el organismo que lo desvinculó, pues el MAP no paga, no desvincula, ni nombra. Parece que un veterano servidor público, como lo es usted, desconoce cómo son tratados los empleados en muchas de esas instituciones.
En nombre de tantas personas que han sido cesanteadas en este y en el gobierno anterior que siguen a la espera de sus prestaciones me atrevo a sugerirle, ponga su granito de arena para que sus compañeros funcionarios imiten al presidente Luis Abinader Corona, que actúa con responsabilidad en los casos que le corresponde resolver, total, no es con su cuarto que van a saldar esos compromisos.
