Por Luis González Fabra
La propuesta tributaria del Gobierno ya dejó de ser una propuesta. En apenas veinticuatro horas recorrió el camino legislativo y se convirtió en ley, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la Constitución y los reglamentos del Congreso Nacional. La rapidez del trámite sorprendió a muchos, pero más llamaron la atención algunas modificaciones introducidas por los legisladores durante el proceso.
Resulta difícil entender que un grupo de senadores utilizara su investidura para reducir en RD$35,000 el impuesto único anual que deben pagar las bancas de lotería. Más difícil todavía resulta justificar que también modificaran el esquema impositivo previsto para los premios de loterías, lotos, fracatanes, apuestas y sorteos.
La propuesta original del Poder Ejecutivo establecía una retención del 25 % sobre las ganancias obtenidas en esos juegos de azar. Sin embargo, los legisladores decidieron suavizar significativamente la medida. A partir de la nueva ley, el 25 % solo será aplicado a premios superiores a RD$600,001, mientras que los premios comprendidos entre RD$200,001 y RD$600,000 pagarán apenas un 15 %. Se trata de una modificación que beneficia claramente a los operadores de ese sector y deja la impresión de que algunos intereses particulares encontraron oídos receptivos en el Congreso.
A pesar de esa concesión, la reforma logró conservar su objetivo fundamental: incrementar las recaudaciones del Estado entre RD$40,000 y RD$50,000 millones anuales sin trasladar la mayor carga tributaria a los sectores más vulnerables de la población.
Uno de los aspectos más positivos de la nueva legislación es la actualización del mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta para las personas físicas. Durante casi una década esta variable permaneció congelada mientras el costo de la vida continuaba aumentando. Ahora el mínimo exento pasa de RD$34,685 a RD$39,900 mensuales, una corrección que representa un alivio real para miles de trabajadores de ingresos medios.
En términos prácticos, la medida equivale a un aumento indirecto de salario, ya que reduce la carga tributaria sobre quienes viven exclusivamente de sus ingresos laborales. Además, el nuevo monto se acerca más al costo real de la canasta familiar, contribuyendo a preservar el poder adquisitivo de los contribuyentes.
También merece destacarse el incremento de la deducción por gastos educativos, que pasa de un 25 % a un 30 %, alcanzando incluso un 50 % cuando esos gastos beneficien a personas con discapacidad. De igual manera, las pequeñas y medianas empresas reciben un alivio importante al quedar liberadas del pago de anticipos en las condiciones establecidas por la ley. Muchas de ellas pasarán de realizar doce pagos al año a solamente tres, reduciendo significativamente su carga administrativa y financiera.
El sector agropecuario, por su parte, queda exento de anticipos y del impuesto a los activos, una medida orientada a estimular la producción nacional de alimentos en un contexto internacional que todavía presenta importantes niveles de incertidumbre.
Otro elemento digno de mención es que el ITBIS no fue tocado. Fue una decisión prudente. Alterar ese impuesto habría significado impactar directamente el precio de los alimentos, los bienes de consumo masivo y los servicios básicos. En otras palabras, habría sido equivalente a agitar un avispero social en momentos en que la estabilidad económica constituye uno de los principales activos que el país debe preservar.
Sin embargo, la aprobación de la ley es apenas la primera parte de la tarea. Ahora comienza la segunda, y quizás la más importante: explicarla.
La transparencia gubernamental no puede quedarse en discursos ni en campañas publicitarias. Los contribuyentes tienen derecho a saber por qué se les solicita un esfuerzo adicional, cuáles riesgos se intentan prevenir y cómo serán utilizados los recursos recaudados. Más aún cuando la situación internacional ha cambiado. La guerra que sirvió de argumento para acelerar el plan tributario concluyó mediante un acuerdo, el estrecho de Ormuz permanece abierto y los precios del petróleo muestran una tendencia descendente.
Es cierto que el mundo continúa siendo inestable y que la incertidumbre económica global no ha desaparecido. También es cierto que preservar la paz social y la estabilidad nacional constituye una prioridad legítima. Pero esas razones deben ser explicadas con claridad, sustentadas en datos y argumentos verificables.
Las reformas tributarias no se sostienen únicamente con votos legislativos. Se sostienen, sobre todo, con confianza ciudadana. Y la confianza nace cuando el Gobierno informa, escucha y rinde cuentas.
La ley ya fue aprobada. Ahora corresponde convencer al país de que el sacrificio solicitado tiene sentido, es necesario y será administrado con responsabilidad. Porque, en materia de impuestos, tan importante como recaudar es merecer la confianza de quienes pagan.
