Por Ambiorix Popoteur
En el 2001 el país aprobó la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, que incluyó a las provincias fronterizas, en el sur, Pedernales, Independencia y Elías Piña, en el Noroeste a Montecristi, y Dajabón, la ley también incluyó a dos provincias que no son propiamente fronterizas, pero que su índice de desarrollo humano era tan bajo como el de las demás, estas fueron, en el sur a Bahoruco y en la línea noroeste a Santiago Rodríguez.
Esta es una ley especial que trajo a toda esta franja de territorio del país, muchas esperanzas sobre el futuro y un esperado cambio en el bienestar de la población.
Como asesor fiscal y conocedor del quehacer tributario, la ley me llamó la atención por los beneficios que otorga a las empresas instaladas y cómo algunos de los principios básicos de la tributación no se cumplían en ella. Pero algunas de estas discrepancias fueron corregidas en el camino, especialmente con la aprobación de la ley 236-05 que la modificó
Santiago Rodríguez, la realidad que conozco, aunque hace ya más de cuatro décadas que salí, algunas cosas ya me son un poco desconocidas, aunque no ajenas, pero es la tierra que me duele. No es propiamente una provincia fronteriza, es una provincia con un bajo desarrollo humano y debido a ello fuimos incluidos en la ley. Su accidentada geografía le impide tener una extensa producción agropecuaria, es una provincia con escasas posibilidades de conformar una estructura de capitalistas que puedan invertir, y su principal fuente de ingresos es la actividad agrícola y agropecuaria en menor escala.
Dos oportunidades hemos tenido de lograr un mejor desarrollo, una vez con la producción de maní a través de las dos empresas productoras de aceite, la Sociedad Industrial Dominicana, (la manicera) e Industrias Lavador. Luego con la producción del tabaco, principalmente para la industria E. León Jiménez, ambas oportunidades se fueron a pique con los cambios experimentados en el mundo en la producción de alimentos y la forma de mercadear los mismos.
Nos aferramos en la actualidad a la producción de leche fresca de vaca, actividad que está sacando la cara por la provincia, aunque producir la leche es una odisea, tanto por el clima de la región como por los precios de venta de esta y la amenaza de las importaciones con la liberación de la importación de los productos lácteos que impondrá el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica en poco tiempo.
La ley 28-01 ha permitido la instalación de 14 empresas en la provincia y creado más de 2,000 empleos directos, y otros tantos miles indirectos, que producen más de cien millones de pesos en salarios, honorarios y otros emolumentos pagados por las mismas. Estas empresas, aunque tienen las exenciones propias de la ley, aportan mucho al Estado y a la provincia, sus aportes son: Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBIS), retenciones de impuesto sobre la renta de los salarios pagados, Tesorería de la Seguridad Social, el sustento de miles de familias y oportunidades de trabajo para una región casi siempre deprimida en este sentido.
Las asociaciones de empresarios del país se han opuesto a la ley 28-01 desde un inicio, alegando inequidad de la ley en su aplicación selectiva en la frontera. Desde siempre ha habido mucha presión para cambiar la misma, cosa que lograran con la ley 236-05 para permitir que los bienes y servicios prestados por las empresas acogidas a la ley pagarán el ITBIS. Esto es entendible porque el ITBIS es un impuesto al consumo y lo paga el tercero consumidor o comprador.
La ley vence el primero de febrero de 2021 y desde hace más de un año se está trabajando en lograr la extensión de la misma, pero ha sido torpedeada por los grandes sectores económicos que ven en esta ley competencias desleales para sus productos, más, sin embargo, estos sectores no se instalan en las referidas provincias para que aprovechen los beneficios que se derivan de ella.
El proyecto de ley después de consensuado ha sido mutilado para impedir que la ley avance. Le han dado un caramelito aumentando la extensión de la aplicación a treinta años, pero están limitando el espacio de ejecución de la ley a que las empresas exclusivamente comercialicen sus productos en el espacio geográfico del ámbito de la ley, o sea la propia frontera y la línea noroeste. Otro cambio importante es la disminución del 50% de la exención del ITBIS para la adquisición de insumos, la ley original prevé el 100 % de exención.
Con que capacidad económica pueden las provincias acogidas a la ley consumir los productos que las empresas instaladas producen, por lo que quiere decir este artículo de la ley es que tendrán exención por las ventas hechas en esas provincias, pero si venden fuera de ese ámbito, tendrán que pagar todos los impuestos. Justamente se permite la instalación de esas empresas para poder atraer capitales y aumentar el empleo. Eso no es difícil de entender, pero deduzco que, si se aprueba de esta manera la extensión de la ley, será una sentencia de muerte para las empresas y las provincias afectadas volverán a estar peor que cuando se creó la ley hace 20 años.
Para mi uno de los obstáculos que tenía la ley originalmente era en términos burocráticos por la gran cantidad de personas que debían intervenir en la aprobación de los proyectos, pero la aprobación se hacía en el ámbito de la Dirección de Desarrollo Fronterizo, y las organizaciones de las provincias tenían mucha participación. Hoy en el proyecto mutilado, además de que la gran burocracia persiste, se ha introducido un elemento nuevo y muy perjudicial, y es que les han quitado a las provincias la oportunidad de aprobación de los proyectos, toda vez que el director del Consejo Fronterizo no tendrá capacidad de votar en las aprobaciones de estos y la participación de las provincias será mínima, dejando su aprobación en el ámbito de otros intereses, no necesariamente los intereses de las provincias afectadas.
Justo es el reclamo que se hace para que esta ley pueda funcionar a entera capacidad y pueda traer a estas zonas deprimidas del país las oportunidades que por decenas de años nuestros políticos le han quitado.
Ambiorix Popoteur
Asesor Fiscal Reside en Santo Domingo
