El reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos señala que a pesar de que las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente; el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad.
Además, acusa al gobierno de ejercer de manera generalizada una influencia inadecuada en las decisiones judiciales.
El informe publicado este miércoles 11 de marzo señala además que “la interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida”.
Añade que “el poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave. El informe indica “que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos”.
En ese sentido, en el capítulo sobre “Corrupción y falta de transparencia en el gobierno”, el Departamento indica que en septiembre de 2017 la Corte Suprema inició un juicio contra seis de los 14 acusados acusados en 2017 por presuntos vínculos con $92 millones de dólares en sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas. Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un ex senador y un ex ministro de obras públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país.
En junio, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, además de los $ 92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros $ 39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina. Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó ningún cargo adicional. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta.
Las ONG criticaron la práctica generalizada de otorgar posiciones gubernamentales como mecenazgo político. Alegaron que muchos funcionarios recibían un salario del gobierno sin realizar ningún trabajo. Algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas.
Las ONG y los ciudadanos individuales informaron regularmente actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción, incluido el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores. Sin embargo, la aceptación y tolerancia generalizadas de la corrupción menor obstaculizaron los esfuerzos anticorrupción.
