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Tres jueces consideran que las evidencias y la gravedad de la acusación hace que los elementos de arraigo, posición social y económica de José Antonio Barceló Larocca, Robert Alexander Dupuy Barceló y Michael Dupuy Barceló, sean insuficientes para limitar el peligro de fuga

Santo Domingo, RD.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó este lunes 10 de febrero la medida coerción consistente en prisión preventiva contra tres empresarios acusados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de defraudación fiscal, así como elaboración y comercialización clandestina de bebidas alcohólicas.

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Los magistrados Doris Pujols Ortíz, Ramona Rodríguez López y Rafael Báez García fallaron de esa manera ante un recurso de apelación presentado por los señores José Antonio Barceló Larocca, Robert Alexander Dupuy Barceló y Michael Dupuy Barceló, detenidos y sometidos a la justicia a finales del pasado año.

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Los jueces justificaron su decisión al considerar, entre otros aspectos, que los imputados se encuentran vinculados con los hechos señalados por el Ministerio Público y que a pesar de los elementos de arraigo que habían presentado, así como su posición económica y social, esto no era suficiente para eliminar la situación de peligro de fuga.

Indicaron que el riesgo de fuga se desprende de la gravedad de las imputaciones y la necesidad de proteger la investigación y la prueba, como el manejo de alrededor de RD$1,600 millones por cuatro empleados, quienes devengan en las empresas de los imputados salarios entre RD$15,000 y RD$30,000.

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Los magistrados resaltaron que el peligro para las pruebas se evidenciaba incluso por el hecho de que fueron cerradas por lo menos dos de las cuentas bancarias a nombre de empleados, luego de iniciada la investigación del Ministerio Público.

La defensa de los señores José Antonio Barceló Larocca, Robert Alexander Dupuy Barceló y Michael Dupuy Barceló fue asumida por los abogados Emery Colomby Rodríguez, Roberto Leonel Rodríguez, Leandro Antonio Taveras y Rafael Martínez Lantigua, mientras que la DGII estuvo representada por los abogados Francisco Alvarez Valdez y Tomás Hernández Metz. En tanto que por el Ministerio Público estuvieron los magistrados Denny Silvestre Yeni Berenice Reinoso.

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