Arrestan a la fiscal Margarita Hernández Morales por liberar a feminicidas en San Pedro de Macorís
La Procuraduría General de la República confirmó el arresto de la fiscal Margarita Hernández Morales, acusada de autorizar acuerdos que facilitaron la liberación de dos feminicidas responsables de los asesinatos de Juana Domínguez Salas (Nona) y Anibel González.
Detalles del caso y declaraciones oficiales
La información fue proporcionada por Julieta Tejada, encargada de comunicaciones de la Procuraduría. Según las investigaciones, Hernández Morales autorizó la salida de Johan Manuel Ramírez, quien meses después asesinó a su pareja sentimental, Juana Domínguez Salas.
De igual manera, en otro caso similar, se liberó a Oscar Yasmil Fernández, quien posteriormente asesinó a Anibel González y luego se suicidó. Ambos hechos ocurrieron en San Pedro de Macorís, un epicentro de violencia de género en la región.
Investigación y contexto legal
Las pesquisas revelan que el acuerdo que permitió la libertad de Ramírez, condenado a tres años por agredir con arma blanca a su pareja, fue firmado por la fiscal suspendida Margarita Hernández Morales. Ella era titular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en San Pedro de Macorís.
El documento también fue suscrito por el abogado Ramón Leonardo Sánchez Reyes, vinculado a la Oficina de Abogados del jurista Alexis Chanel Aponte. Este último permanece en prisión preventiva, acusado de falsificar la firma de Anibel González en el acuerdo que favoreció la libertad de su victimario, Oscar Yasmil Fernández.
Implicaciones y avances en la lucha contra la violencia de género
Este caso pone en evidencia fallas en el sistema judicial que facilitaron la liberación de agresores violentos, con consecuencias fatales para las víctimas. La Procuraduría continúa las investigaciones para esclarecer responsabilidades y fortalecer la protección a las víctimas de violencia de género en San Pedro de Macorís y otras regiones.
La detención de la fiscal Hernández Morales marca un paso importante en la lucha contra la impunidad en casos de feminicidio, reforzando la necesidad de una justicia efectiva y comprometida con la defensa de los derechos humanos.
