La extorsión sexual afecta a una de cada cinco personas en América Latina y el Caribe

Una de cada cinco personas en América Latina y el Caribe sufre extorsión sexual al intentar acceder a un servicio público, un fenómeno que afecta mayormente a las mujeres, de acuerdo a un estudio sobre corrupción e la región publicado este lunes por la ONG Transparencia Internacional (TI).

De acuerdo a las conclusiones del Barómetro Global de la Corrupción, una encuesta a más de 17.000 personas de 18 países, un alto número de mujeres se ven forzadas en más ocasiones a pagar sobornos por servicios sanitarios y educativos. Además, el 71% de la población de la región asegura estar al tanto de esta situación y reconocer que ocurre regularmente.

“Es muy importante estudiar en profundidad el vínculo entre corrupción y género. La corrupción es un tabú en muchos sitios; y la discriminación sexual, también. La corrupción contra la mujer es por tanto un doble tabú. Por eso es importante darle espacio y visibilidad a este asunto. Si no, no se puede contrarrestar”, explicó la directora ejecutiva de TI, Patricia Moreira, a la agencia EFE.

Es la primera vez que el Barómetro Global de la Corrupción publicado por TI destaca la incidencia de la extorsión sexual (“sextortion”, en inglés). “Cuando el sexo es la moneda de intercambio para el soborno, la evidencia apunta a un sesgo de género que particularmente afecta a las mujeres”, indica el informe.

Extorsión sexual en Latam
Infogram
“Como cuidadoras principales en sus familias, las mujeres usualmente dependen de servicios públicos, lo que las hace vulnerables a ciertos tipos de soborno”, expresa el reporte. De esta manera, las mujeres suelen tener que pagar sobornos para recibir servicios públicos de salud y educación, mientras que los hombres suelen hacerlo para obtener seguridad de parte de la policía o documentos personales.

Una abrumadora mayoría, el 71%, está al tanto del fenómeno y sólo el 8% de los consultados aseguró que tales prácticas nunca ocurrían.

Barbados, Bahamas y Guatemala registran los niveles más altos de incidencia de extorsión sexual en América Latina y el Caribe. De acuerdo a TI en esos tres países se observaron valores del 30%, 24% y 22%, respectivamente de personas que aseguran haberla sufrido o que conocen a directamente a alguien que la sufrió.

En Panamá y Chile, donde menos se ha reportado, la incidencia llega al 14% y en República Dominicana y Colombia fue del 16%. Cerca del promedio regional, figuran Argentina (19%), Brasil (20%) y México (20%).

Entre sus recomendaciones finales, TI solicita a los gobiernos que “reconozcan a la extorsión sexual como una forma de corrupción y tomen medidas para reducir la cultura del avergonzamiento y de culpabilización de las víctimas, que desalienta a las mujeres a reportar abusos”.

“Los sistemas judiciales deberían tener las herramientas adecuadas para enfrentar a la extorsión sexual y crear mecanismos de denuncia que sean seguros, controlables, accesibles y, sobre todo, sensibles a cuestiones de género”, agregó.

Auge de la corrupción generalizada

El Barómetro Global de la Corrupción también reporta que más de la mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe cree que la corrupción está aumentando y que su gobierno no hace lo suficiente para combatirla, especialmente en Venezuela, República Dominicana y Perú.

El 53% de los interrogados cree que en los últimos doce meses ha empeorado la situación, una tasa algo inferior al 62% del muestreo anterior, publicado en 2017.

Además, un 85% de los encuestados mantiene que la corrupción en el Ejecutivo es un “gran problema” y un 57%, que los gobiernos no están haciendo un buen trabajo atajando este problema. Sólo uno de cada cinco dice tener “confianza” en su gobierno.

“Lo que nos dicen es que la situación no mejora, más bien que sube la preocupación. Pero no sólo por la corrupción, también por las dificultades de los gobiernos para dar una respuesta al problema, una respuesta coherente con sus discursos contra la corrupción”, explicó Moreira.

El estudio revela asimismo que el 20% ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público básico, del agua y la electricidad a la sanidad y la educación. Los países más afectados son Venezuela (donde un 50% asegura haber pagado), México (34%) y Perú (30%). Costa Rica, con sólo un 7%, aparece en el otro extremo de la clasificación.

La policía aparece en general como el servicio más corrupto (a quienes dicen haber pagado el 24% de los interrogados), seguido por los proveedores de servicios básicos (19%), los emisores de documentos de identidad (15%), los colegios (12%), los juzgados (11%) y los centros sanitarios (10%).

El barómetro también señala que tres de cada cuatro encuestados cree que denunciar la corrupción les conllevará “represalias” (especialmente en El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela). No obstante, el 77% confía en que cualquiera puede “marcar una diferencia” en la lucha contra estas malas prácticas.  infobae.com