PRM exige renuncia a funcionarios vinculados a campaña de Gonzalo Castillo o enfrentarán la justicia
Santo Domingo, RD.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) lanzó un contundente emplazamiento a los funcionarios públicos que actúan como dirigentes o coordinadores de la campaña electoral del precandidato presidencial Gonzalo Castillo, representante de la corriente del expresidente Danilo Medina dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El partido opositor advirtió que estos servidores públicos deben renunciar o se enfrentarán a procesos judiciales.
Acción legal basada en violaciones a leyes clave del Estado dominicano
El PRM informó que el emplazamiento se realizó mediante un acto de alguacil, debido a que los funcionarios implicados están infringiendo la Ley No. 41-08 sobre Función Pública (16 de enero de 2008), la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 y la Ley General de Impuestos Internos, en el caso específico de su director general, Magín Díaz.
Este recurso legal, notificado también a la Junta Central Electoral (JCE), establece un plazo de dos días hábiles para que los funcionarios tomen licencia formal o renuncien durante la precampaña. De no hacerlo, se someterán a sanciones disciplinarias, además de posibles consecuencias penales, civiles o administrativas contempladas en la legislación vigente.
Contexto y relevancia del caso para el sistema electoral dominicano
El principal partido opositor destacó que, aunque estas prácticas ilegales han sido comunes en gobiernos del PLD, esta es la primera vez que se aplican sanciones bajo la Ley de Partidos No. 33-18 y la Ley Electoral No. 15-19, que regulan las primarias organizadas por la Junta Central Electoral. Ahora, con tribunales especializados, se garantiza la vigilancia del cumplimiento constitucional y legal.
El PRM señaló que los actos de alguacil fueron entregados en las sedes laborales de los funcionarios y copias remitidas a la JCE. Esta acción legal fue encabezada por Orlando Jorge Mera, delegado político ante la Junta, y Sigmund Freud Mena, director legal del partido.
Seminario y uso de herramientas digitales para fiscalización electoral
El anuncio se realizó en el hotel Barceló, durante una pausa del seminario instructivo para enlaces del PRM a nivel nacional. Este evento busca capacitar a los enlaces para utilizar la aplicación de fiscalización de candidatos creada por la JCE, con el objetivo de transparentar la declaración de ingresos y gastos de campaña.
Normativas que prohíben actividades partidistas en funciones públicas
El PRM recordó que el Artículo 80, numeral 13, de la Ley No. 41-08 prohíbe a los servidores públicos “servir a intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones”. Esto incluye prohibiciones para organizar manifestaciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda política o solicitar fondos para fines electorales, utilizando recursos o bienes institucionales. Estas acciones son consideradas faltas disciplinarias, además de posibles infracciones penales o administrativas.
Restricciones específicas para el director general de Impuestos Internos
En el caso del director general de Impuestos Internos, la Ley Orgánica de Impuestos Internos establece en el Artículo 5, Párrafo II, que debe dedicar sus funciones a tiempo completo y con exclusividad, salvo excepciones para la docencia universitaria. Esto refuerza la ilegalidad de su participación en actividades partidistas durante su gestión.
Sanciones contempladas en la legislación dominicana
El Artículo 83 de la Ley 41-08 establece un régimen disciplinario que incluye la suspensión sin sueldo por hasta 90 días para quienes realicen actividades partidistas o soliciten fondos políticos en sus lugares de trabajo.
Por su parte, la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, en su Artículo 284, penaliza con prisión correccional de 6 meses a 2 años y multas de 2 a 10 salarios mínimos a los funcionarios que usen su influencia oficial en actos electorales.
Funcionarios citados en el acto de alguacil
El documento oficial del PRM incluye a altos funcionarios como:
- Gabriel Castro Morales, superintendente de Valores
- Francisco Javier García Fernández, ministro de Turismo
- José Ramón Fadul y Fadul, ministro de Interior y Policía
- Manuel Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública
- Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación
- Enrique A. Ramírez Paniagua, director general de Aduanas
- Ángel Francisco Estévez Bourdierd, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia
- Simón Lizardo Mézquita, administrador general del Banco de Reservas
- Nelson José Guillén Bello, presidente del Consejo Directivo de Indotel
- Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud
- Iris Antonia Guaba, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia
- Marino Collante Gómez, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario
- Luisa Fernández Durán, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
- Alexandra Izquierdo Méndez, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas
- Magín Díaz, director general de Impuestos Internos
- Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
- Máximo William Muñoz Delgado, director general de Migración
- Osmar Benítez, ministro de Agricultura
- Eduardo Selman Hasbún, ministro de Cultura
- Alejandro Montás, director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
- Nelson Toca Simó, ministro de Industria y Comercio
- Claudia Franchesca de los Santos, directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
- Carlos Modesto Guzmán Valerio, director general del Instituto Postal Dominicano
- Roberto Rodríguez Marchena, director general de Comunicación
- Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
Conclusión: El PRM refuerza la vigilancia sobre funcionarios públicos en campaña
Con esta medida, el PRM reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en el proceso electoral dominicano. La exigencia de renuncia a funcionarios que violan las leyes sobre función pública y régimen electoral marca un precedente histórico en el control del uso indebido de recursos estatales en campañas políticas.
Este caso se convierte en un punto clave para la vigilancia ciudadana y la actuación de las instituciones encargadas de garantizar elecciones limpias y justas en la República Dominicana.
