Santo Domingo– La abogada del empresario canadiense Antonio Carbone, Sonia Marlene Guerrero, denunció el intento de traslado (intento de secuestro con armas largas de 4 miembros de la unidad de traslado de alto riesgo UTAR) totalmente clandestino e ilegal, (violando el Art.40 numeral 12 de la Constitución de la República) de su defendido el señor Carbone, a pesar de haber una orden de restricción de traslado ordenada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Dicho intento de secuestro de llevar hacia la cárcel de San Pedro de Macorís al inversionista extranjero Antonio Carbone, iba a ser llevada a cabo luego de que la encargada de traslado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Argentina Contreras, lo ordenara en pleno desafío y violación a la orden del juez presidente.
El Cuarto Tribunal Colegiado del DN recesó para el próximo 19 de agosto la audiencia de juicio de fondo que se le sigue al canadiense Antonio Carbone. Al tiempo que, su defensora Marlene Guerrero, informó que en las próximas horas se estará depositando una denuncia formal para que sea investigada la señora Argentina Contreras con los fines de saber quién ordenó de manera abusiva el traslado de Carbone, comprobando que todavía existe un complot en su contra y una manipulación de la administración de justicia por parte de oficiales del Gobierno.
Últimamente se depositó de manera formal una denuncia al Ministerio Público que quienes están detrás de este intento de secuestro son los Sres.: Fernando Arturo Báez Guerrero, Sergio (Gory) Moya, Sucre Zacarías Mejía, Edward Kremblewski, Juan Ynfante, Hamlet Pérez García y otros que forman parte de los querellantes, testigos y demás cómplices en la trama para quitarle la vida al Sr. Carbone en la cárcel de San Pedro de Macorís, para asegurar el robo y estafa más grande en la República Dominicana.
Se recuerda que el empresario solicitó formalmente al presidente Danilo Medina Sánchez, que establezca una exhaustiva investigación en el robo y estafa más grande en la historia del país. Además de que pidió al mandatario Danilo que le ordenara al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y por último al director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, una total y absoluta investigación aplicando el cumplimiento de la norma penal para todos los que participaron en su secuestro el 25 de enero del 2015.
