Santo Domingo, Rep. Dom.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), aseguró que la alocución que dirigiera al país el presidente de la República, Danilo Medina el pasado lunes 22 de julio, despeja el panorama político y activa el proselitismo político a lo interno del PLD, sobre todo con la proclama de medina al referirse a la necesidad de sangre nueva, dando espacio a la emergencia y desarrollo de nuevos liderazgos.
La entidad entiende que ya salvadas las diferencias que mantenían en una especie de guerra sin cuartel a las dos facciones mayoritarias del PLD, Danilo-Leonel, por el tema de la eventual relección, quedan abiertas las puertas para un entendimiento conducente a una reforma constitucional que podría incluir entre otros temas, la habilitación del presidente Medina para el 2024, y con ello haciendo justicia en un yerro constitucional, con el transitorio que de manera exclusiva afectó los derechos de igualdad, discriminación y de ser elegible en contra de Danilo Medina.
Unificar Elecciones Municipales con las Congresuales y Presidenciales.
Asimismo, el presidente de la FJT, Trajano Potentini favoreció la unificación de las elecciones municipales de febrero con las congresuales y presidenciales de mayo 2020, sin lugar a dudas un desacierto de la constitución del 2010, que se acrecienta aún más con la inclusión de la celebración de las primarias de los partidos, todo ello en fechas sucesivas, sin contar el descrédito que traerían los consecuentes reclamos ante el Tribunal Superior Electoral.
Todo ello sin considerar la falta de logística para el montaje y desmontaje de reiterados procesos electorales, en suma, urge y favorecemos en este punto un entendimiento de la clase política que le permita a la Junta Central Electoral (JCE), el disponer de los fondos consignados en el presupuesto para las elecciones de febrero, para ser reorientados y usados en el montaje de las primarias de octubre.
Una Contraloría General de la República Autónoma e Independiente.
Para Justicia y Transparencia es un imperativo, el que una reforma constitucional contemple una Contraloría General de la República con autonomía e independencia, que permita al contralor ejercer sus funciones con todo el imperio que demanda un real y efectivo control interno de los fondos públicos, lamentando que en la actualidad la contraloría en sus facultades legales e incluso constitucionales solo se limita a ser un tramitador de obligaciones que previamente han sido concebida por los entes estatales en consonancia con sus responsabilidades y apego a sus leyes orgánicas y facultades.
En la actualidad las funciones de la contraloría se tornan difusas, toda vez que las diferentes dependencias realizan para la concreción de cualquier acto administrativo, todo un complejo y riguroso procedimiento, en un seguimiento y control burocrático y administrativo, del cumplimiento de leyes sobre transparencia, tales como la de compras y contrataciones públicas, la de función pública, acceso a la información pública, la de los derechos y deberes de los administrados frente a la administración y la orgánica de la administración pública, entre otras, convirtiendo y reiteramos a la contralor en un mero tramitador de obligaciones previamente estructuradas y aprobadas.
Exclusión del Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura e integración del Rector de la UASD y del Colegio de Abogados para una matrícula de 9 miembros.
Otro punto de gran beneficio para una reforma constitucional lo sería la democratización y ampliación del consejo nacional de la magistratura, con la inclusión del rector de la UASD y del colegio de abogados, además de sacar la figura del procurador general de la república, dando paso a un mayor equilibrio en una matrícula de solo nueve miembros.
Finalmente, la FJT se mostró en la disposición de elaborar y poner en manos de la clase política un proyecto de reforma constitucional; que además de la planteado también contemple un ministerio publico independiente para los temas electorales y una dirección del registro civil e identidad, con la cédula y el pasaporte integrado, fuera de la Junta Central Electoral, entre otros posibles temas a consensuar.
