Demanda una respuesta clara y contundente de la oposición política y del sector social y empresarial
Santo Domingo, RD.- Ante las revelaciones periodísticas que señalan la transferencia por parte de Odebrecht de más de US$39 millones en sobornos para adquirir la adjudicación las plantas a carbón de Punta Catalina, el movimiento Bien Común exigió la investigación penal inmediata del presidente Danilo Medina, de los principales funcionarios del sector energético y de los empresarios y consultores relacionados con el mayor escándalo de corrupción de la historia de República Dominicana.
Bien Común hace un llamado a la cúpula empresarial, a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas opositoras una reacción contundente ante este nuevo destape del caso Odebrecht, por considerar que el silencio o la respuesta pasiva sería entrar en complicidad con un caso en el que el robo contra el pueblo dominicano podría superar los RD$60,000 millones.
Según el colectivo, ya “la podredumbre del caso Odebrecht no se puede tapar un día más”, y en ese sentido el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), los medios de Comunicación, las cúpulas religiosas ni los hacedores de opinión pública tienen derecho a imponer con su silencio la continuidad de el régimen de corrupción e impunidad que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Este pueblo tiene hambre y sed de justicia, y las instituciones están controladas por Danilo y el PLD. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ni hacer silencio. Todo el pueblo debe saber que el presidente Danilo Medina y sus principales funcionarios del Palacio deben ser investigados por las denuncias de soborno y sobrevaluación de Punta Catalina. También debe saberse que una parte de la cúpula del empresariado está operando para evitar que se haga justicia en este caso de robo astronómico contra este pueblo con tantas necesidades”, declaró el colectivo mediante rueda de prensa.
Bien Común llamó a la oposición política a jugar su rol, y a no permitir que el paso de los días se trague la gravísima denuncia presentada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
